El destacado analista y activista de la ciudad, Anbbyist Jorge Bolívar, ha levantado una seria preocupación sobre la situación actual de los contratos de arrendamiento que se mantienen vigentes con diversas compañías. Según Bolívar, hay más de 30 acuerdos de arrendamiento que están operativos, lo cual ha motivado su llamado a una revisión exhaustiva de la conducta de la junta directiva, especialmente considerando que muchas necesidades sociales fundamentales no están siendo atendidas adecuadamente.
Dentro de los acuerdos denunciados, se encuentran algunos de los contratos más dispendiosos, como el que implica al Hotel Mystery SAS, que ha sido adjudicado a un costo exorbitante de $ 2,153 millones para el Ministerio de Finanzas. Asimismo, Asian Agro Colombia SAS, que ha arrendado la sede del Ministerio de Salud, ha hecho un contrato por un monto de $ 1,229 millones; Transacciones inmobiliarias ostenta un contrato de $ 1.4 mil millones destinado al Comité Motorio, y por último, Inverlyc SAS, que también tiene arrendadas instalaciones para el Ministerio de Educación por un total de $ 1,191 millones.
A estos contratos se suman otros diversos que involucran a firmas como Innova Marketing and Logistics, Nelson Castro y Cía SA, Infibagué y Liquors Inter-American Escobar SAS, entre otros, lo que genera más preocupaciones sobre la transparencia y la necesidad de una fiscalización adecuada.
Bolívar, al abordar esta problemática, subraya que existe una posible falta de claridad sobre la cantidad real y los costos asociados a algunos contratos de arrendamiento. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud, se requieren aclaraciones sobre si el gasto mensual asciende a $ 82 millones o si, por el contrario, se eleva a $ 122 millones. Condiciones similares de incertidumbre se observan también en el caso del contrato con el Hotel Dulima, donde el costo mensual está en cuestión y podría variar entre $ 179 millones y $ 269 millones sin que haya una explicación clara de estos números.
Además, el ministro señaló la aparición de posibles conflictos de interés, al manifestar que, se ha dicho que, después de la gestión de Bambalin, el hotel fue adquirido por un político que podría haber influido en la situación actual. Aunque no se tienen evidencias concretas, de confirmarse, esto representaría un grave problema ético y administrativo.
Este debate también arroja luz sobre los contratos relacionados con Light Millionaire y la Fundación IMIX, que ha recibido un total de $ 5,046 millones a través de siete contratos con la oficina del alcalde y la administración de Infibagué e Ibagué (USI). Bolívar recordó que esta unidad ya había sido objeto de cuestionamientos en el pasado debido a su accionar en administraciones previas.
Un aspecto curioso que destacó el Ministro es la variedad de empresas con las que se trabaja, lo que engloba servicios en las áreas de transporte, discapacidad y mano de obra. Esta amplitud permite que se contraten servicios de forma eficiente, pero también sin una especialización evidente que justifique esta necesidad. Un dato alarmante mencionado por Bolívar fue la cifra de contratistas involucrados, revelando que ya se han formalizado más de 3.600 contratos, lo que representa un erogación de $ 140,000 millones solo en este año. Previo a la situación actual, se suscitó un debate sobre el uso potencial de recursos públicos para cubrir gastos políticos, incluyendo el empleo de personal trasladado de otros municipios.
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