El ex alcalde de Prado, Álvaro González Murillo, ha sido sentenciado a una pena de siete años y cuatro meses de prisión debido a su implicación en actos de corrupción relacionados con una red que operó durante su mandato entre 2016 y 2019. La gravedad de los delitos cometidos ha llevado al tribunal a tomar una decisión contundente para prevenir futuros actos de corrupción en el ámbito político.
González Murillo fue hallado culpable de múltiples delitos que incluyen la preferencia indebida y el incumplimiento de procedimientos legales a la hora de adjudicar contratos. Se le acusó específicamente de irregularidades en la contratación para la construcción de un puente sobre el río Negro en el municipio, donde se evidenció un análisis erróneo de las condiciones requeridas para tal proyecto. A pesar de las normas legales que rigen este tipo de procesos, se constató que el ex alcalde actuó en beneficio de intereses particulares, añadiendo complejidad al caso.
En enero de 2016, González Murillo tomó la decisión de suspender la construcción y la revisión de esta importante infraestructura, para luego reanudarla de manera unilateral y con un sentido de urgencia que no justificaba las realidades legales. Sin embargo, para abril del mismo año, volvió a declarar la urgencia de la obra y en julio emitió una nueva directiva para la adjudicación del contrato, alcanzando un monto superior a los $2.3 mil millones. Lo sorprendente de esta situación fue que se llevó a cabo sin la obligación de realizar llamados públicos o permitir reclamos legales por parte de competidores potenciales para la obra.
A pesar de que se enviaron los documentos correspondientes al ejecutivo de la República en busca de apoyo y validación, el gobierno fiscal determinó que tanto la declaración presentada en 2015 como la de 2016 no cumplían con los requisitos legales establecidos. El caso, que fue presentado por la oficina del fiscal, demostró que la urgencia que alegaba el ex alcalde era simplemente un pretexto utilizado para satisfacer intereses particulares en lugar de responder a necesidades comunitarias reales.
Es importante señalar que el puente que fue el centro de este escándalo había estado colapsado por más de 15 años, durante los cuales se materializaron los contratos irregulares que dieron lugar a la condena de González Murillo. Hasta el presente, el trabajo relacionado con la construcción del puente no ha sido completado, a pesar de los enormes montos de dinero involucrados y del riesgo que enfrenta la comunidad al carecer de esta infraestructura esencial.
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