El Gobierno ha decidido realizar una inversión significativa que supera los $ 3500 millones. Esta acción está destinada a atender las solicitudes del proceso de transferencia de personas privadas de libertad que actualmente se encuentran recluidas en el centro penitenciario permanente, así como en el establecimiento conocido como Picareña. El Secretario del Gobierno, Leandro Vera, fue quien proporcionó los detalles sobre esta importante decisión. Según Vera, los recursos económicos serán asignados de acuerdo a un acuerdo previamente establecido con el Instituto Nacional de Penitenciaría y Prisión, INPEC. Este acuerdo tiene como objetivo principal abordar y resolver un problema que ha ido en aumento en la ciudad a lo largo de los últimos meses. El funcionario destacó la relevancia de estas acciones, afirmando que «esperamos cumplir con las conclusiones y acuerdos en el acuerdo de respuesta a los requisitos de 2024».
La situación en las instalaciones penitenciarias ha sido un tema de preocupación constante para las autoridades locales y nacionales. La sobrepoblación en las prisiones ha llevado a condiciones inadecuadas para los internos, lo que ha generado un llamado urgente para encontrar soluciones efectivas. Con la inversión anunciada, se busca no solo mejorar las condiciones de vida en las cárceles, sino también garantizar que se cumpla con los derechos humanos de los detenidos. La colaboración con el INPEC es crucial en este proceso, ya que ellos son los encargados de gestionar y supervisar las instituciones penitenciarias en el país.
Por otro lado, el Secretario Leandro Vera enfatizó que el compromiso del Gobierno es claro y que se están haciendo los esfuerzos necesarios para cumplir con lo pactado. Este tipo de inversión no solo se enfoca en las infraestructuras adecuadas para los internos, sino que también incluye programas de rehabilitación y reintegración social, los cuales son fundamentales para reducir la reincidencia delictiva entre los liberados. La espera es que, a través de este plan de inversión, se puedan crear programas que además de atender las necesidades inmediatas de los detenidos, también proporcionen las herramientas necesarias para un futuro mejor fuera de la prisión.
A medida que se avanza hacia el año 2024, se espera que este esfuerzo conjunto entre el Gobierno y el INPEC arroje resultados positivos y sostenibles. Con una visión a largo plazo, el objetivo es transformar el sistema penal del país en uno que no solo castigue, sino que también eduque y reintegre a aquellos que han cometido delitos. De esta manera, se garantiza una sociedad más segura y justa para todos. Ahora, la expectativa está en que las autoridades cumplan con los tiempos estipulados en el acuerdo y que se alcancen las metas en los plazos establecidos.
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