La oficina del Ministro de Justicia ha emitido una declaración confirmando la existencia de una fiscalía en contra del exalcalde de Santa Isabel, Rodolfo Andrés López Sierra. Este proceso se deriva de una violación de un fallo judicial que ordenó al gobierno municipal el pago de una suma significativa, concretamente millones de pesos, por daño moral. En la actualidad, los estudios mencionados ocupan el cargo de Director de Espacio Público en la oficina del alcalde de Ibagué, lo que añade un matiz complejo a la situación.
Fallido
El caso se remonta al 7 de febrero de 2022, cuando el Tribunal Administrativo Mixto de Ibagué dictó una resolución favorable para varios ciudadanos que habían presentado un reclamo por compensación directa contra el municipio. En este contexto, el tribunal, que había sido instituido para tal fin, ordenó al gobierno local el pago de $360,950,000. A pesar de la gravedad del fallo, durante el resto de su mandato, López Sierra se abstuvo de hacer referencia a esta resolución, tal como lo ha señalado el Ministro de Justicia en su declaración oficial.
Responsabilidad
Como representante legal del municipio y encargado de los gastos informáticos, el entonces alcalde tiene la responsabilidad directa y moral de acatar esta orden judicial. El fiscal de distrito de Ibagué ha argumentado que la falta de acción por parte de López Sierra no solo afectó de manera negativa a los demandantes, sino que también constituyó un acto de desprecio hacia la justicia, lo que pone en riesgo la confianza de los ciudadanos en el estado de derecho.
Consulta
Las investigaciones disciplinarias continuarán tal y como lo indica el Comité Disciplinario General, que busca determinar si efectivamente López Sierra ha incurrido en una falta grave o muy grave. En el caso de confirmarse esta situación, podrían imponerse sanciones que impacten directamente en su carrera pública, incluyendo su actual puesto en el Consejo Municipal de Ibagué. Este tipo de sanciones podrían limitar su capacidad para ejercer funciones públicas, lo cual es un aspecto relevante en la discusión sobre su idoneidad como servidor público.
Proceso
Es importante destacar que este tipo de procedimientos no son nuevos en la región. En años recientes, exalcaldes de localidades como Planadas, Anzoágui y Ataco han enfrentado situaciones de disciplina que han escalado a litigios o conflictos con la ley relacionados con incumplimientos de resolución judicial, protección de derechos o indemnizaciones laborales. En muchos de estos casos, la inacción ha llevado a sanciones severas que han impedido a estos exalcaldes continuar en el servicio público, y han suscitado preocupaciones sobre la integridad del gobierno municipal y la rendición de cuentas.
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