El horror se desató en la ciudad de San Cristóbal tras la revelación de un caso de presunta violencia sexual que involucró a al menos doce menores de edad en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El principal acusado es Fredy Castellanos, quien ejerció como maestro en el mencionado instituto, y anteriormente había ocupado el cargo de gerente en otro jardín ICBF ubicado en Bosa Piedmonte. La gravedad de esta situación ha dejado a la comunidad de la capital estupefacta, no solo debido al alarmante número de víctimas, sino también por el hecho de que dos de los menores afectados habían sido diagnosticados con VIH, lo que incrementa de manera preocupante las implicaciones de este delito tan atroz.
Los padres de los menores han manifestado que las quejas no fueron atendidas con la urgencia que la situación requería. Solamente tras varias gestiones por parte de las madres fue que se lograron hacer visibles los hechos y se activó una respuesta más contundente por parte de las autoridades competentes. Este silencio institucional y el inicio evidente de una negligencia ha suscitado fuertes críticas hacia el ICBF y sus reguladores.
El ministro Julián Sastoque condena el hecho y advierte sobre la crisis de la construcción
Uno de los primeros en adoptar una postura firme fue el ministro Julián Sastoque, quien condenó estos hechos, catalogándolos como «anomalías» y demandó un acto de justicia inmediato:
«Este tema debe ser el peso de la ley. Está prohibido que el atacante de un niño pueda tener acceso directo a menores en espacios donde están destinados a proteger», manifestó el funcionario.
Sastoque también subrayó que esta situación no es un hecho aislado. Se trata de un caso más en un contexto donde se ha observado un preocupante incremento de delitos sexuales contra menores. Solo el 11 de abril de 2025, en Bogotá se registraron 466 casos de violencia contra niños, siendo la mayoría de los casos relacionados con niñas. Además, recordó que en 2024, las estadísticas de violencia sexual infantil alcanzaron niveles alarmantes, con un total de 9,688 casos reportados. Esta realidad manifiesta una crisis social que no se puede ignorar.
«No podemos permitir que las estadísticas desciendan ligeramente y se interpreten como buenas noticias. Continuamos hablando de cientos de niños violentados, y el estado en su totalidad debe activarse», enfatizó.
Contratistas bajo la lupa: más de $ 5,967 millones en juego
Otro de los temas cruciales que destacó el Ministro fue la responsabilidad de los contratistas encargados de administrar la operación de los preescolares. Como resultado de una exhaustiva investigación liderada por su equipo a través del contrato de Paco, se reveló que el Kindergarten canadiense, donde se había denunciado el abuso, actualmente maneja cinco contratos en Bogotá, con un total superior a $ 5,967 millones de pesos.
Sastoque hizo un llamado al ICBF y a la gerencia para que revisen las calificaciones y antecedentes de todos los contratistas que proporcionan servicios en el ámbito de la educación y el cuidado infantil, especialmente aquellos que incluyen la atención directa de los menores.
«No se trata solo de este operador. Es hora de hacer una revisión exhaustiva de todos los contratos, evaluando los procesos de selección del personal, los métodos de vigilancia y, sobre todo, las medidas de protección reales que se utilizan en estos centros», manifestó.
Sociedad rota que requiere respuesta
A pesar del avance de la oficina del fiscal en la investigación contra Fredy Castellanos, las familias involucradas están deseosas de que el proceso no solo concluya en una condena ejemplar, sino que también permita el inicio de una reforma profunda en la manera en que el estado protege a la infancia. Las madres que se dirigieron a San Cristóbal buscan más que promesas: exigen acciones concretas, garantías y reparaciones adecuadas.
Este problema se vuelve urgentemente imperativo para fortalecer los protocolos relacionados con contratos, supervisión y sanciones en todos los espacios de cuidado infantil, además de garantizar un entorno seguro y confiable tanto para Bogotá como para el país en su conjunto.
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