El líder del gigante, Kevin Arrigui, ha expresado su enérgico desacuerdo con la reciente decisión del gobierno local, que otorgó a la Personera Gelvi Esther Cabrera un permiso especial para asistir a una maestría en derechos humanos en Ibagué. Arrigui no solo categorizó esta medida como «Alcahueyeria», sino que también cuestionó abiertamente la legitimidad de la autoridad política empleada por los consejos, con particular énfasis en Rodrigo Martínez Trujillo, quien ocupa el cargo de primer vicepresidente del Consejo.
En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Arrigui planteó una provocadora interrogante sobre si esta era la respuesta que esperaban los concejales, recordando que el «personal ni siquiera se resiste a Giant». Resaltó que la ausencia de los concejales es evidentemente notoria para los ciudadanos, quienes notan que sus solicitudes de ayuda a menudo son llevadas a lugares donde la respuesta es escasa o nula. “La gente sabe cuántas personas vienen a pedirme apoyo porque llegan a donde están y raramente obtienen asistencia. No lo harían si supieran lo que realmente ocurre en los vecindarios”, expresó. Para Arrigui, la licencia otorgada debería estar sujeta a un riguroso escrutinio y a una clara responsabilidad en protección de los derechos que deben ejercer los ministerios públicos dentro del municipio.
Los consejos justifican
La resolución que autoriza esta ausencia fue firmada por Francisco Jesus Grijalba, presidente del Consejo, junto con Rodrigo Martínez, y estipula que Gelvi Esther Cabrera podrá ausentarse en ciertas fechas desde febrero hasta mayo de 2025, para cumplir con su formación académica en la mencionada maestría. Según el documento oficial, cada día en que Cabrera esté ausente está registrado y se permite formalmente, reflejando una transparencia que se desea mantener en la administración del consejo.
A pesar de esto, un gran número de ciudadanos y líderes sociales considera que esta decisión no está justificada. Argumentan que, en un contexto donde la presencia institucional de la Personería es más crucial que nunca, se ve como un acto de indulgencia institucional. Tal medida podría interpretarse como una falta de compromiso hacia la responsabilidad local, la cual debería basarse en el principio de que los ciudadanos sean escuchados, acompañados y protegidos en cuestiones legales y sociales. Esta narrativa ha resonado en las comunidades, generando un sentido de urgencia acerca de la necesidad de que los funcionarios locales prioricen su deber ante las demandas de la población.
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