Ordenaron dos días de arresto y considerables multas para Adriana Matiz.
La gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, ha enfrentado duras consecuencias a raíz de sus decisiones administrativas, siendo sancionada con dos días de arresto y con multas equivalentes a dos salarios mínimos legales vigentes. Esta severa medida fue impuesta debido a la interrupción de una custodía dictada por la justicia penal municipal, que se relaciona con su responsabilidad y conocimiento en el caso de Chaparral. La controversia surgió a partir de una demanda presentada por Diana Milena Muñoz Orjuela, quien exigía la implementación de transporte al Instituto Educativo La Rizalda. El propósito de esta solicitud era garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de su familia.
Trasladarse
En un fallo que fue comunicado el 20 de marzo, se ordenó la reubicación del maestro con el fin de facilitar el acceso a atención médica urgente para su hija menor, quien padece de crónicas enfermedades, así como para asegurar el acceso a la educación de su hija mayor. Sin embargo, en vez de atender esta solicitud de manera adecuada, el gobierno de Tolima decidió trasladar al maestro a la sede de IE Simón Bolívar, situada en la zona de Marina Corregimiento, en áreas rurales que carecen de condiciones adecuadas. Esta decisión fue vista como inadecuada y, como resultado, provocó un malestar generalizado.
El juez Álvaro Hernán Piedrahi Grajales argumentó que la acción del gobierno contravenía las disposiciones de la Corte, puesto que la nueva ubicación del maestro no garantizaba ni el acceso a atención médica oportuna ni a una educación de calidad. En efecto, el Centro Médico más cercano al Hospital San Juan Bautista, que se encuentra en el área urbana de Chaparral, es prácticamente inaccesible desde la Marina en situaciones de emergencia, lo que plantea serias interrogantes sobre la logística y la viabilidad de dicha orden.
Declaración
Gerroán Huartos, abogado parte del equipo legal de Sutet Simatol, expresó su satisfacción con la decisión judicial, indicando que este caso forma parte de una serie de procesos similares que continúan en curso. «El bufete de abogados respalda a los asociados en sus demandas. Este fallo funciona como un aviso para la junta en relación con sus futuras decisiones», comentó Huartos. Asimismo, no se quedó ahí; también criticó otro caso reciente en el que el Ministro de Educación de Tolima, Andrés Felipe Bedoya Cárdenas, fue sancionado con cinco días de arresto por no cumplir con las medidas protectoras establecidas para maestros embarazados, que no estaban siendo cumplidas de forma regular.
Credibilidad
Este fallo judicial no solo se limita al caso de Adriana Matiz, sino que también se establece una copia que será remitida a la oficina del Ministro de Justicia, quien deberá revisarlo en el marco de los procesos penales del Circuito Chaparral. El juez subrayó la importancia de cumplir con las sentencias de protección de manera inmediata, advirtiendo: «En casos que atañen a derechos fundamentales, la sanción debe ser estricta para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro».
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