En medio de un clima de creciente tensión política en Colombia, el presidente Gustavo Petro ha ofrecido declaraciones contundentes respecto a la reciente decisión del Senado, que desechó una iniciativa de consultas populares. Petro mencionó que Efraín Cepeda, presidente del Senado, tomó la decisión de cerrar el voto justo cuando las voces necesarias comenzaban a afluir en apoyo a la propuesta. Esta situación fue comparada por Petro con la histórica elección del 19 de abril de 1970, añadiendo que esta determinación no refleja la auténtica voluntad del pueblo. En sus declaraciones, Petro subrayó la importancia de que los ciudadanos tengan la oportunidad de expresarse en contra de lo que él considera un acto de manipulación institucional.
Tras estos acontecimientos, el presidente no tardó en solicitar una amplia movilización social. Petro extendió una invitación a diversas organizaciones, incluyendo los sindicatos de trabajadores, los movimientos campesinos, así como a grupos juveniles e indígenas, a unirse para coordinar una respuesta popular ante esta situación. Además, mencionó que la movilización debe mantenerse dentro de un marco constitucional, pero que debe ser claramente opuesta a lo que definió como una «trampa parlamentaria» que limita la participación ciudadana. Petro dejó en claro su postura, afirmando que las voces del pueblo no pueden ser silenciadas mediante maniobras ilegales.
Las fuertes palabras de Petro dicen: «La consulta popular no se hundió, se hundieron con fraude»
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En la misma línea, el jefe del Estado instruyó a las fuerzas militares y a la policía nacional para que se abstuvieran de utilizar la fuerza contra los ciudadanos que decidan manifestarse pacíficamente. Explicó que el rol de las autoridades debería enfocarse en garantizar un ambiente de paz, resguardando los edificios públicos y evitando cualquier forma de confrontación. Petro recalca que el objetivo primordial es proteger tanto la paz como el derecho de la ciudadanía a expresar su rechazo ante decisiones que considera que atentan contra los principios democráticos.
Las críticas no se limitaron solo al ámbito del ejecutivo. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se unió a las voces de condena, calificando la decisión del Senado como una «trampa vergonzosa» perpetrada por Efraín Cepeda. Sanguino aseveró que Cepeda manipuló el proceso para evitar que se alcanzara el umbral necesario para llevar a cabo la consulta, recordando que el gobierno había interpuesto una apelación en contra del proceso de votación. De acuerdo a su análisis, a Colombia se le ha negado el derecho de decidir sobre reformas estructurales cruciales.
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Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestó enérgicamente su repudio hacia lo sucedido. Señaló que tanto Efraín Cepeda como el Secretario General del Senado manipularon el conteo de voces, lo que constituye una violación grave de principios éticos y legales. Benedetti argumentó que, después de que se cerró la votación, el Secretario agregó elecciones al bloque «sin», lo que alteró de manera significativa los resultados. En este contexto, el gobierno está preparado para llevar el caso ante las instancias pertinentes y, al mismo tiempo, se alista para una movilización social de gran dimensión.
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