En relación con la autoridad política en el Consejo de Ibagué, ha surgido un debate notable acerca de la permanencia de Erika Palma en su puesto como Secretario General de la Compañía de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué, conocida como Ibal. Esta situación ha sido impulsada por la intervención del Ministro Silvia Ortiz, quien ha solicitado un análisis exhaustivo de la gestión actual de Palma. Según diversas fuentes, se ha señalado que la administración de Ibal presenta diversas fallas tanto a nivel administrativo como institucional, lo que ha despertado inquietudes en la comunidad y en el propio consejo.
El Ministro Ortiz ha defendido la labor de Palma bajo la premisa de que posee una formación técnica adecuada, resaltando que es una persona «humana, cercana a las personas y con una intención clara de construir relaciones tanto con el gobierno como con la ciudadanía». Sin embargo, a pesar de esta argumentación, ha exigido que la compañía sea tomada en cuenta y sancionada por no atender las demandas públicas que le han sido planteadas. Igualmente, ha expresado su malestar por el tratamiento poco respetuoso que ha recibido el concejo por parte de los directivos de la empresa.
Posible despido
En sus declaraciones, Ortiz enfatizó que el gerente continuo de Ibal tiene la responsabilidad de evaluar de manera criteriosa la gestión de Palma. «No estamos aquí para decir mentiras, sino para cumplir con nuestro deber. No podemos permitirnos guardar silencio cuando nuestra misión es buscar respuestas para los ciudadanos», afirmó el Ministro. Esta postura refuerza la idea de que se debe tener una mayor sensibilidad social, priorizando el respeto institucional y garantizando un adecuado servicio a la comunidad en temas tan cruciales como el suministro de agua.
¿Qué sucederá a continuación?
La reciente intervención del Ministro ha intensificado la presión política sobre la gestión de Erika Palma. Sin embargo, todavía queda la incertidumbre sobre si el gobierno local tomará alguna medida concreta respecto a su continuidad en el cargo. Este debate ha revelado una creciente tensión entre el consejo municipal y la empresa de servicios públicos, lo que podría tener repercusiones significativas en la administración futura de Ibal. Los ciudadanos están a la espera de decisiones que podrían cambiar el rumbo de esta crucial institución y esperan que se actúe en función de su bienestar y el de la comunidad.
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