Bogotá, Colombia. El anunciado posible nombramiento del abogado Sorrel Parisa Aoca Rodríguez para asumir el cargo de nuevo centro de negocios del Centro Técnico en el Ministerio de Energía ha generado un intenso debate en los círculos políticos y sociales. Este revuelo se debe, en gran medida, a la controvertida trayectoria de Aoca Rodríguez, quien anteriormente ejerció como gobernador del departamento de Putumayo. Según diversas fuentes cercanas a los acontecimientos que rodean la nominación, Aoca Rodríguez reemplazaría a Silvia Alexandra Cuesta Rosas en este importante cargo.
Aoca Rodríguez es una profesional del Derecho con una sólida formación académica, habiendo obtenido su título en la Universidad de Libre y especializado en Ley de Energía. A lo largo de su carrera, ha desempeñado diversas funciones destacadas, incluyendo su labor en la oficina de Putumayo, así como su cargo de subsecretario general de la Asamblea. Entre sus posteos más relevantes se encuentra su periodo como gobernador, que se desarrolló entre 2016 y 2019. Recientemente, también se ha desempeñado como contratista para la oficina del defensor del pueblo y, por su trabajo, ha estado asociada a varias iniciativas relacionadas con los fondos de Colombia.
Desestimado e inactivado debido a irregularidades en la contratación
No obstante, el perfil de Aoca Rodríguez ha suscitado serias interrogantes desde el 23 de junio de 2024, cuando la oficina del Secretario de Justicia anunció que había recibido sanciones que la inhabilitaban durante un periodo significativo de ocho años y seis meses. Esta situación fue puesta en marcha en conjunto con las sanciones impuestas al exministro de educación, Jorge Enrique Ferrin Dorado.
Las sanciones impuestas a Aoca se fundamentaron en irregularidades detectadas en un contrato por un monto de $5,453 millones, que tenía como objetivo el monitoreo de las instituciones educativas en su departamento. De acuerdo con el veredicto correspondiente, se evidenció que las condiciones ofrecidas durante su administración eran insuficientes para garantizar una competencia libre y transparente, permitiendo así que varios postulantes se vieran excluidos del proceso.
La oficina del Ministro de Justicia describió el comportamiento tanto de Aoca como de Ferrin como delitos de gran gravedad, enfatizando que había existido una falta muy seria que violaba principios fundamentales de transparencia y del libre acceso a las oportunidades de licitación por parte de los interesados.
Dapre debe ser controlado
A pesar de que AROCA no ha llegado a ocupar un cargo electo por voto popular, el decreto emitido por AGA se considera firme y ha planteado serias preocupaciones sobre su idoneidad ética, legal y moral para desempeñar un rol tan relevante en el ministerio.
Desde el Ministerio de Energía se ha indicado que aún no hay ninguna confirmación pública sobre la nominación de Aoca, y será el presidente del Presidente de la República (Dapre) quien supervise de manera directa la emisión de una declaración formal respecto a su nominación y su conveniencia.
Este caso, además, abre un intenso debate sobre la transparencia y la integridad en los procesos de selección para cargos públicos, especialmente en ámbitos tan delicados como el de la minería, donde la confianza de la ciudadanía en las instituciones resulta ser crucial para el desarrollo y manejo de dichos recursos.
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