De acuerdo con las instrucciones del 4 de diciembre de 2024 y la oficina no. 244 del 29 de julio de 2025, analizó el tercer tribunal administrativo en Neiva desde el comienzo de las medidas populares. Esta demanda fue presentada por el municipio de Garzon, Balo, la política de Francisco Calderón Feriz, alcalde, contra la Liga de Huila, consorcio para Huila y auditores del consorcio en Colombia.
La operación se desarrolla para proteger los derechos e intereses comunes relacionados con un entorno saludable, moralidad administrativa, respeto por el espacio público, el uso y la defensa de los productos comunes, así como la protección de la herencia pública. Además, busca garantizar que los edificios, los edificios y el desarrollo se implementen de acuerdo con las disposiciones legales, de manera organizada y priorizar la calidad de vida de la población.
El proceso judicial tiene como objetivo determinar los posibles efectos que se obtienen de las carreteras en Huila y establecer medidas que permitan el impacto negativo en el territorio y la sociedad. Los acusados deben presentar sus argumentos y presentar pruebas correspondientes, pero los ciudadanos pueden monitorear el asunto sobre el asunto.
Con este procedimiento, el tribunal abre un escenario para proteger los derechos comunes y fortalecer los criterios que controlan el desarrollo urbano y ambiental del departamento. El fallo de cierre podría dar un ejemplo en la protección del bienestar público en la región.
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