Un nuevo escándalo político ha surgido y se ha convertido en el centro de atención en Ibagué, afectando de manera notable al alcalde Johana Aranda. Este escándalo se centra en la finalización de un contrato que asciende a más de $65 millones, el cual fue suscrito entre el Instituto de Deportes y Entretenimiento (IMDRI) y Leidy Esperanza Galeano Ortiz, quien es la esposa del exalcalde Andrés Hurtado. Las circunstancias en las que se llevó a cabo este contrato han despertado serias dudas sobre la legitimidad y la transparencia notoria del gobierno en este momento. En particular, ha surgido una preocupación importante porque el acuerdo en cuestión parece haber incumplido lo estipulado dentro de la Ley 80 de 1993, que prohíbe este tipo de situaciones en donde se percibe un conflicto de intereses.
El contrato, reconocido con el número 087 de 2024, fue firmado el 22 de febrero, escasos 53 días después de que finalizara el mandato de Andrés Hurtado. Cabe destacar que Galeano Ortiz se encuentra legalmente impedida para contratar con el municipio, dado que la ley considera que su estatus de cónyuge de un exalcalde le confiere una autoridad gubernamental que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2023.
Esta denuncia ha sido formulada por el abogado José Baruth Tafur, quien ha presentado una queja oficial ante el Ministro de Justicia. En su queja, Tafur solicita no solo que se declare la invalidez del contrato, sino también que se inicie una investigación disciplinaria y que se lleven a cabo las correcciones necesarias. El funcionario que firmó este controvertido documento fue Sebastián Perdomo Rondón, actual secretario general del IMDRI y conocido como el delfín político de Hurtado, lo que agrega una capa adicional de complicación y sospecha a la situación.
¿Nepotismo?
El acuerdo en cuestión, que tiene una duración aproximada de 11 meses, incluye la provisión de asesoramiento psicológico, así como la participación en comités y diversas actividades sociales. Sin embargo, los detractores del contrato argumentan que hay serias irregularidades y que los conflictos de intereses son evidentes. Además, se cuestiona si el uso de recursos públicos para financiar estas actividades no es más que una estrategia para mantener redes políticas dentro del gobierno local por parte de los allegados del exalcalde.
El Artículo 8 de la Ley 80 es claro al prohibir este tipo de contratos, con el propósito específico de evitar que los exmandatarios continúen ejerciendo influencia sobre el poder a través de sus familiares cercanos. Según el demandante, la contratación de la esposa del exalcalde es un claro ejemplo de favoritismo indebido y podría tener repercusiones legales en el futuro.
La controversia generada por esta situación tiene un impacto directo en la credibilidad del gobierno de Aranda, que se había comprometido a promover la transparencia. Sin embargo, este asunto pone de manifiesto prácticas que parecen pertenecer al pasado. Actualmente, la queja se encuentra en trámite y, de prosperar, podría llevar no solo a la anulación del contrato, sino también a la apertura de un proceso disciplinario contra los involucrados, lo que podría exponer una red de poder que ha estado operando sin suficiente control en Ibagué.
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