Préstamos por $3,980 millones como el entonces alcalde de Marco Adrián Artrag Gómez solicitado sin legítimo
La situación actual en el municipio de Timaná, ubicado en el sur de Huila, es compleja y ha sido marcada por disputas políticas y legales. Recientemente, el fiscal del distrito de Garzon presentó un Pliego de enjuiciamiento contra ocho funcionarios que, desde el año 2020 hasta 2023, fueron responsables de designar a una compañía limitada para gestionar ciertos asuntos municipales. Este escándalo ha puesto en tela de juicio la probidad de las decisiones tomadas en la administración del entonces alcalde Marco Adrián Artrag Gómez.
Un aspecto crucial de este conflicto se centra en el acuerdo propuesto, conocido como acuerdo 026, fechado el 15 de julio de 2020. Este acuerdo fue posteriormente invalidado por el Tribunal Administrativo de Huila, que determinó que el proceso carecía de una certificación oficial emitida por la autoridad competente, la cual confirmara la capacidad de endeudamiento del municipio. La Corte Suprema también sacó a la luz las inconsistencias en los datos que presentó el alcalde, lo que pone en tela de juicio la eficiencia financiera del préstamo que el Cabildo había aprobado.
La advertencia fue ignorada
Entre los líderes investigados se encuentran Jesús Maria Artunduaga, José Dolores Carrillo, Juan Carlos Sowenz, Wilmer Rojas, Hernando Camacho, Rigo Deiner Méndez, Orlando Parra y William Santanilla, quienes han tenido que responder por sus acciones y decisiones en este contexto. Según la Oficina del Ministro de Justicia, estos funcionarios se mostraron inactivos y decidieron ignorar reglas constitucionales que regulan la moralidad y la gestión pública. Esta omisión de deberes ha llevado a que se cuestione seriamente la validez de sus decisiones y su compromiso con el pueblo que representan.
Por otro lado, cinco concejales, entre ellos Oscar Murcia y Carlos Augusto Penagos, han reconocido haber pagado un préstamo, desligándose de las responsabilidades administrativas que rodeaban la gestión de los recursos del municipio. Oscar Murcia expresó su preocupación, afirmando que «no era viable reducir el capital del municipio sin claridad técnica,» sugiriendo que las decisiones tomadas carecían de un sustento técnico sólido. De esta manera, ha dejado entrever que la historia eventualmente aclarará los roles y responsabilidades de todos los involucrados en esta problemática.
El silencio de los involucrados
A pesar de la seriedad de las acusaciones, muchos de los funcionarios implicados han optado por el silencio ante los medios y ante las autoridades pertinentes. Solo José Carrillo ha manifestado su intención de defenderse adecuadamente, esperando ser llamado formalmente para presentar su caso y así buscar su liberación. La situación se ha complicado aún más por una denuncia presentada por el ciudadano Jhon Alexander Hernández, que ha dado pie a un proceso judicial abierto que está en curso para determinar si los exconcejales deben enfrentar sanciones que podrían incluir la inhabilitación para ocupar un cargo público en el futuro.
¿Error político o deficiencia de disciplina?
Además del proceso judicial, este escándalo ha suscitado un debate más amplio sobre la responsabilidad de los concejales en cuanto al control político y la aprobación de decisiones que pueden impactar significativamente los recursos de la organización gubernamental. En este caso, la aparente confianza excesiva en los datos proporcionados por la oficina del alcalde, sin someterlos a un análisis riguroso o verificar la información pública necesaria, llevó a la aprobación de leyes de gestión que resultaron ser inválidas. Es fundamental que la comunidad de Timaná exija transparencia y rendición de cuentas en el proceso de gestión pública.
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