El diputado Yully Porras, perteneciente al partido U, ha expresado una crítica contundente hacia las decisiones tomadas por la Asamblea de Tolima, específicamente en relación al manejo financiero del Hospital San Juan Bautista, ubicado en Chaparral. Según Porras, el hospital se encuentra en una situación alarmante, ya que un significativo 57% de su presupuesto destinado a especialidades, particularmente en el área de cirugía cardíaca, es dirigido a empresas privadas. Este modelo de gestión privado ha generado preocupación, ya que el hospital atraviesa una grave crisis financiera que podría tener serias repercusiones para la atención de salud en la región.
La situación se vuelve más compleja al considerar que la Asamblea ha solicitado ocho contratos relacionados con este tema para el período 2024-2025. La transparencia en estos convenios es esencial, especialmente dado el riesgo que supone la posibilidad de extender este modelo de gestión por un periodo de diez años. Este escenario afectaría de manera directa a cerca de 170,000 usuarios que dependen de los servicios médicos del hospital. La prolongación de este modelo podría comprometer aún más la calidad de la atención y el acceso a tratamientos esenciales, lo que es particularmente preocupante en el contexto actual de crisis de salud.
En este sentido, el diputado Porras ha sido claro en su demanda: el gerente del Hospital San Juan Bautista tiene la obligación de entregar toda la documentación correspondiente a los contratos solicitados, específicamente aquellos que forman parte del proyecto Decop II. La falta de claridad y de acceso a esta información podría ser perjudicial, no solo para la gestión del hospital, sino también para los ciudadanos que dependen de estos servicios. La transparencia en la administración de recursos públicos es fundamental para garantizar que estos lleguen a quienes realmente los necesitan.
Es crucial que se realicen las debidas auditorías y revisiones a los contratos existentes, así como a los planes futuros de intervención en el hospital. La comunidad debe estar atenta y participar en la discusión sobre cómo se manejan los recursos destinados a la salud pública, especialmente en un contexto donde la asistencia médica se vuelve cada vez más vital. La crítica de Yully Porras refleja un malestar generalizado ante la privatización de servicios que históricamente han sido públicos y que, por lo tanto, deben ser accesibles para toda la población sin excepciones.
La respuesta a estos retos implica un compromiso colectivo para asegurar que la salud se mantenga como un derecho fundamental, y no como un beneficio exclusivo de aquellos que pueden pagar servicios privados. La situación del Hospital San Juan Bautista debe ser observada con atención, en tanto representa un microcosmos de las luchas más amplias que enfrenta el sistema de salud en Colombia.
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