En medio del actual clima político que rodea la entrega de las nuevas piscinas olímpicas ubicadas en la 42. Street con Fifth Carrera en Ibagué, el gobernador del banco central que gestiona la región de Tolima, Alexander Castro, ha declarado que este proyecto podría ser un importante gesto entre los sectores políticos que predominan en la zona. En su intervención, Castro destacó la relevancia de la colaboración entre los miembros del partido y otros actores políticos para promover un trabajo conjunto que beneficie a la ciudad. «Hemos dado un claro mensaje de unidad y fraternidad; por encima de cualquier interés particular, lo que realmente importa es el bienestar de nuestra Tierra y de Ibagué», afirmó con firmeza.
La ceremonia del evento deportivo fue presenciada por el alcalde Johana Aranda, quien es aliada del ex presidente de U -Tolima, Andrés Fabián Hurtado. Castro, en su discurso, también subrayó el apoyo recibido de la gobernadora Adriana Magali Matiz y de los parlamentarios del Senado, como Oscar Barreto, indicando que estos esfuerzos son una evidencia concreta de la colaboración entre diversos sectores.
Asimismo, el funcionario declaró que la entrega de las piscinas representa «el mejor alivio» en el contexto del escándalo que se suscitó durante los Juegos Nacionales 2015. Este ambicioso proyecto, que comenzó en el año 2022 y tiene como fecha de entrega el año 2025, ha recibido críticas relacionadas con sus beneficios presupuestarios. Al respecto, Castro expresó: «Es fundamental trabajar en pro del bienestar de Ibagué, y eso es lo que hemos estado haciendo durante este tiempo.»
Por su parte, el Ministro de Cultura de Tolima fue entrevistado para abordar las inquietudes surgidas en torno a la contratación de 369 personas, por un monto cercano a $1.7 mil millones, todo ello dentro del marco del gobierno del partido en los municipios de Tolimenses. Algunos portales digitales han denunciado una supuesta conexión personal entre Castro y los miembros de esta unidad, lo que ha suscitado desconfianza y preocupación entre la población.
Castro, al ser cuestionado sobre estas acusaciones, rechazó cualquier favoritismo, aunque admitió que ha trabajado a lo largo de los años con los gerentes de la fundación. «En la ciudad y el departamento, especialmente en las industrias del transporte y la cultura, todos nos conocemos casi a la perfección», justificó. Agregó que la legalidad del proceso es indiscutible y advirtió que tiene la intención de emprender acciones judiciales contra lo que califica como «una campaña de desprestigio artificial».
Finalmente, el Secretario General condenó lo que considera una campaña sistemática contra la desigualdad que afecta su gestión y la inclinación política que representa. Asimismo, anunció su intención de solicitar una reunión con la oficina del fiscal para tratar este asunto específico. «Lo que se está gestando aquí es un caso sistemático diseñado para socavar la confianza en el gobierno», concluyó de manera categórica.
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