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Aquí tienes una versión con sinónimos: «Hay un instante de ley consolidada trans: optimizada.»

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En Colombia, ser una persona trans significa vivir con una constante sombra de miedo y vulnerabilidad. El caso de Sara Millerey, una mujer trans de 32 años, es un trágico ejemplo de esta realidad. Fue asesinada en Bello, Antioquia, y su cuerpo, después de un brutal ataque, fue encontrado en un desfiladero. La muerte de Sara no debe ser vista como un hecho aislado; debe ser el catalizador para un cambio urgente en la sociedad.

En este contexto, ha surgido un proyecto de ley que podría transformar la vida de muchas personas como Sara. Conocida como la ley integral trans, este marco legal se esfuerza por garantizar que las personas trans y aquellas que no se identifican con el binario de género tengan la oportunidad de vivir con dignidad, con la protección y el respeto que merecen, sin temor a la discriminación, el abuso o la violencia. Sin embargo, es vital que estas iniciativas no se olviden, especialmente si no se aprueban en el debate legislativo antes del 20 de junio.

¿Qué proponen estas leyes?

La Ley Integral Trans es considerada como una de las más avanzadas en América Latina en materia de derechos para la comunidad LGBTQ+. Algunos de sus puntos más destacados incluyen:

  • Un reconocimiento legal de la autoimagen trans, sin ambigüedades.
  • Garantizar el acceso a servicios de salud, educación y oportunidades laborales sin ningún tipo de discriminación.
  • Imponer sanciones a los funcionarios públicos que discriminen o abusen de su poder.
  • Recopilar datos precisos sobre la población trans para que el estado pueda responder adecuadamente a sus necesidades.

Estas leyes no están pidiendo privilegios; están demandando lo básico: el derecho a vivir sin miedo. Ian Arias, uno de los activistas detrás de esta iniciativa, declaró: «No solo queremos evitar ser víctimas de asesinatos en las calles, queremos vivir con dignidad y ser tratados como cualquier otro ser humano».

¿Por qué es urgente?

Ya en lo que va del año, se han reportado 32 asesinatos de personas trans en Colombia, de los cuales 15 han sido mujeres. La violencia contra este grupo continúa en aumento y no es una mera coincidencia, sino el resultado de una sociedad que marginaliza lo que no comprende y de un estado que a menudo desatiende sus responsabilidades. El Congreso tiene ahora la oportunidad de hacer historia al abordar esta crisis. Si no actúa con prontitud, las futuras generaciones deberán comenzar el proceso de activismo desde cero.

No es un favor, es correcto

El Tribunal Constitucional ha tomado algunas decisiones importantes, como permitir que las personas trans utilicen la identidad que elijan en documentos oficiales. Sin embargo, los avances han sido insuficientes. Las personas trans todavía enfrentan serias barreras al intentar acceder a atención médica, encontrar trabajo, o incluso cuando buscan educación, todo esto sin el peso de la discriminación.

«Lo que queremos es que se cumpla lo que ya está estipulado por la ley», afirma Lina Quevedo, un hombre trans y portavoz del movimiento. No se trata de solicitar derechos nuevos, sino de exigir que se respeten los que ya existen.

¿Qué viene?

El proyecto de ley está actualmente en manos de la primera comisión del Congreso. Si se aprueba allí, será enviado al Senado, donde el panorama es más conservador. Por lo tanto, es crucial que la comunidad se movilice y exija que el Congreso dé este primer paso. La ley puede llevar el nombre de Sara Millerey, siendo un tributo para que su muerte no se convierta en solo otra estadística, sino en el impulso que desencadene un verdadero cambio social.

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