En vista de los recientes episodios de violencia ocurridos en el Corregimiento de Jardines de Sucibíos, perteneciente a la comuna de Ipiales, se llevó a cabo un Consejo de Seguridad que reunió a diversas autoridades profesionales, nacionales y públicas. Este encuentro tuvo como propósito abordar la crítica situación que afecta a las comunidades de la región. Las autoridades se reunieron para discutir formas de hacer frente a la crisis humanitaria y proteger a las poblaciones vulnerables.
Víctimas
Las acciones desplegadas durante el Consejo se centraron en atender la crisis humanitaria que afecta gravemente a las comunidades indígenas, afrodependientes y campesinas que habitan en la región. Estas comunidades han sido víctimas recurrentes de conflictos armados, así como de enfrentamientos que han tenido lugar en el territorio, generando un ambiente de inestabilidad y miedo.
Los conflictos armados en la zona han sido exacerbadamente impactantes, originados por la lucha entre los grupos de narcotráfico denominados «Los Docheros» de Ecuador y los «comandos fronterizos» de estructuras armadas que operan en la región. Esta situación ha tenido un efecto devastador sobre la población civil, que en muchos casos no tiene ninguna relación con los conflictos, pero que se ve atrapada en medio de ellos.
Los residentes de la zona asociada al Consejo Social de la Nueva Esperanza se han visto obligados a enfrentar desplazamientos forzados y, en algunos casos, incluso encarcelamientos. Sin embargo, estas comunidades recibieron un significativo respaldo por parte de las administraciones de las ciudades cercanas de Orito y Mocoa, que están ubicadas en el departamento de Putumayo.
Leyes
Durante el desarrollo del Consejo de Seguridad, se acordaron medidas urgentes orientadas a garantizar la protección de los derechos humanos y la seguridad de la comunidad. Estas medidas son consideradas esenciales para restaurar y mantener la paz en el territorio afectado.
Una de las acciones más significativas será el refuerzo de la presencia institucional en la región, respaldado por ayuda humanitaria y una operación conjunta de las brigadas del Ejército Nacional Nariño y 27 Putumayo. Esto permitirá mejorar el control territorial sobre el río San Miguel, que actúa como frontera entre Colombia y Ecuador, y facilitará el retorno seguro de las familias que han tenido que reubicarse.
La coordinación con el Ministerio del Interior también se enfocará en adoptar medidas específicas de prevención y protección, especialmente dirigidas a los tres consejos sociales y guardias indígenas que residen en la región. Esto es crucial para salvaguardar su integridad y autonomía frente a la creciente presencia de grupos armados ilegales.
Compromiso
El subsecretario de la paz y los derechos humanos, González, expresó que «estamos gestionando fondos para implementar un control efectivo en esta área, ya que se ha constatado una falta de presencia institucional que permita garantizar la seguridad a la población».
Las autoridades reafirmaron su compromiso inquebrantable de defender la vida, la paz y los derechos fundamentales de las comunidades que habitan en la frontera y continuarán actuando en colaboración con las autoridades nacionales.
El objetivo primordial en esta región es enfrentarse a los factores de riesgo que amenazan la estabilidad, toda vez que la violencia ha penetrado en el tejido social, dejando a muchas familias en situaciones de vulnerabilidad y sin un hogar donde residir.
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