En una operación conjunta entre el Ejército nacional y la Policía nacional, se realizó un importante golpe a las economías ilegales en la región de Bahía. Durante esta intervención, se llevaron a cabo operativos en los que se destruyeron ocho unidades de producción minera ilegal ubicadas en varios departamentos, incluyendo Boyacá, Caldas y Chocó.
El resultado de la operación fue significativo, ya que las autoridades destruyeron ocho excavaciones y cuatro motores industriales, al mismo tiempo que se responsabilizaron de cinco motobombas y cuatro ejercicios cuyo valor comercial se estima en más de $ 4 mil millones. Este equipo era utilizado para la extracción ilegal de oro, lo que generaba una producción mensual que se estima en 11,700 gramos de minerales, equivalente a un valor superior a $ 4,880 millones.
La información recabada por las fuentes policiales sugiere que esta infraestructura minera estaba vinculada a una red de delincuencia organizada relacionada con Bahía. Las actividades mineras que allí se llevaban a cabo eran usadas como un medio para financiar y expandir estas operaciones ilegales en el territorio.
Uno de los principales puntos de intervención fue el Distrito de Santa Bárbara, en la comuna de San Pablo de Borbur (Boyacá), una zona que históricamente ha sido duramente afectada por la minería ilegal, perteneciente a la Provincia de Occidente.
Además del impacto financiero contra el grupo armado, esta operación también representó un avance crucial en términos ambientales. Las autoridades policiales informaron que gracias a esta intervención se logró evitar la contaminación de al menos cinco millones de litros de agua. Esto es fundamental, ya que se eliminó el uso indiscriminado de mercurio y otras sustancias tóxicas que son comúnmente utilizadas en los procesos de extracción minera ilegal.
Las autoridades seguirán coordinando operaciones para desmantelar estructuras similares en otras regiones del país, reiterando su compromiso en la defensa del medio ambiente y su lucha continua contra las economías ilegales que financian organizaciones criminales. Este tipo de intervenciones no solo buscan destruir la infraestructura ilegal, sino también garantizar un entorno más seguro y sostenible para las comunidades locales, demostrando que el esfuerzo conjunto de las fuerzas del orden puede resultar en un impacto positivo en la sociedad.
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