Con el propósito de asegurar los derechos de reciclaje de ex oficio en el contexto de la pobreza y fomentar su integración en la gestión formal de limpieza, la administración del distrito, encabezada por el alcalde Alejandro Eder, ha llevado a cabo la primera tabla interinstitucional para garantizar el cumplimiento de la sentencia T-291 de 2009. Este acto tiene como objetivo monitorear la política pública relacionada con la inclusión de recicladores de oficio en la ciudad de Bange. Inscyne.
Camilo Murcia, director de la Unidad de Servicios Públicos, dio inicio oficialmente a la reunión, subrayando la relevancia de la participación activa de las organizaciones de recicladores en todo el proceso. «Esta es no solo una invitación, sino también una obligación. Es fundamental recordar que el censo es necesario para caracterizar a la población y determinar los requisitos de los recursos necesarios para llevar a cabo políticas públicas efectivas», afirmó.
Durante esta importante reunión, varios participantes de distintas agencias regionales discutieron el contexto del juicio T-291 de 2009 y el decreto 0507 de 2017. Algunas de estas entidades incluían las secretarías de desarrollo económico, deporte y recreación, salud pública, planificación municipal, Dagma, El Sena, Emsirva, además de representantes de recicladores de oficio y delegados del Ministerio de Laboramiento. Este grupo colaboró en la formulación de acciones y propuestas para futuras iniciativas dentro del ámbito del reciclaje, destacando la importancia de la formalización y de los compromisos necesarios para mejorar la situación de los recicladores.
Participación en la inclusión y formalización
La política pública relacionada con la inclusión de recicladores de oficio busca garantizar el acceso a servicios fundamentales para esta población, tales como salud, educación, seguro social, formalización de trabajo y alimentación. Esto se logra reconociendo a estos trabajadores en el contexto del servicio de limpieza pública a través de la recolección de desechos sólidos útiles, una tarea vital para la sostenibilidad ambiental.
Juan David Ospina, contratista de UAESP, continuó con el trabajo previo y enfatizó la importancia de promover la inclusión en una lista universal, que ya ha identificado a aproximadamente 2,000 personas y cerca de 18 organizaciones. Asimismo, una unidad administrativa especial de servicios públicos presentó una metodología que guiará el proceso de actualización de esta información, enfocándose en la recopilación de datos, la apertura de espacios de diálogo y la creación de decisiones colaborativas.
La metodología propuesta incluye la realización de grupos focales y encuestas sobre la participación ciudadana en puntos estratégicos, tales como estaciones de minas, universidades, y otros espacios públicos. También están planeados foros, interrogatorios y sesiones de asesoramiento para garantizar una amplia participación y consulta entre los involucrados.
Voces de reciclaje
“Es importante mencionar que este proceso nos ha permitido aprender sobre muchos temas relacionados con las políticas públicas. Existen brechas y beneficios, lo que hace esencial que UAESP destine tiempo a dialogar con los recicladores de oficio y las entidades involucradas para abordar todos los aspectos”, comentó Mendinelson Gómez, representante legal de la Asociación de Silomé.
Por otro lado, Aid Huil, representante legal de la Asociación Recycle Amure, expresó su entusiasmo por el espacio de diálogo creado: “Esta primera articulación fue sumamente interesante porque estamos en proceso de construir políticas públicas reales que promuevan el reciclaje. Nuestro sector tiene necesidades específicas que deben ser atendidas”.
Se espera que este proceso continúe con la participación activa de todas las partes interesadas, reafirmando así el compromiso de la ciudad de Cali hacia la dignidad, el reconocimiento y el derecho al reciclaje de ex oficio en el territorio.
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