El adolescente de 17 años, miembro del pueblo de Emberá, fue víctima de una violenta paliza en el refugio Gito Gadabú en Pueblo Rico, Risaralda. Attack, grabó un video, generó una ola de indignación en las redes sociales y causó una respuesta inmediata de las entidades estatales y las autoridades nativas. Capturan a los presuntos agresores de Emberá nativo más pequeño en Risaralda.
Los presuntos agresores ya están capturados. El niño fue transferido a Chocó, donde recibe atención médica y psicológica especializada bajo la protección de ICBF. El caso revivió el debate sobre los límites entre la autonomía nativa y los derechos básicos de los menores.
Capturar presuntos perpetradores; Capturar a los presuntos agresores de Emberá nativo más pequeño en Risaralda
Gutor Gutor, Darío Restepo, confirmó que las autoridades capturaron las indicadas para cometer abusos. «El niño ya está con su familia en Chocó, y las personas son responsables a medida que avanza el juicio», dijo.
Este hecho se examina en cooperación entre las autoridades judiciales y las autoridades gerentes del pueblo Emberá. El Ministerio del Interior y la Unidad de Víctimas participan activamente en la atención y el monitoreo del caso. La cartera nacional enfatizó que el proceso se está desarrollando para respetar la jurisdicción nativa, pero sin permitir la impunidad de la violencia.
La unidad para las víctimas y la oficina del Defensor del Pueblo son fuertemente pronunciados
Katherine García Ochoa, directora territorial de la Unidad de Víctimas del Café, rechazó lo que sucedió y enfatizó el riesgo de juvenil en los territorios étnicos. Anunció las actividades de la conciencia de la comunidad contra la violencia infantil, en articulación con líderes nativos.
Por su parte, un portavoz de un portavoz definitivamente señaló que lo que sucedió no representaba un evento aislado, sino una manifestación de violencia estructural. «Ninguna tradición cultural puede exceder el mejor interés infantil», dijo Iris Marín Ortiz, un delegado de defensor.
Según los datos divulgados por la entidad, en los años 2019–2024 se practican más de 115,000 exámenes médicos legales por delitos contra menores. De estos, el 13 % pertenecía a las comunidades étnicas.
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Violencia estructural: un problema que va más allá de la etnia y los territorios
El ataque a un pequeño Epberá estableció un problema estructural sobre la mesa: violencia contra niños y adolescentes en todo el país. El número de medicina legal es inquietante, y los asuntos no se limitan a los contextos indígenas o rurales.
Las organizaciones de derechos humanos repitieron la urgencia de fortalecer la política efectiva de prevención, protección y justicia para víctimas más pequeñas. También pidieron a la sociedad y a los medios de comunicación que eviten los discursos que estigmatizan a las comunidades indígenas.
La investigación está en curso, y las instituciones están trabajando en una garantía de justicia a las víctimas sin violar la autonomía cultural del pueblo Embeberá.
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