El Tribunal de Capital de Tolimense ha tomado una drástica medida al ordenar el arresto por cinco días del alcalde de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera. Esta decisión también incluye la imposición de una multa equivalente a cinco salarios mínimos mensuales. La razón detrás de esta medida es el desprecio demostrado por la alcaldesa hacia el fallo del Tribunal Constitucional que aseguraba el derecho al acceso de agua potable, un recurso esencial para la vida.
La resolución fue adoptada por los sextos tribunales civiles de Ibagué, quienes llegaron a la conclusión de que el municipio no estaba cumpliendo con lo dictado en el Tribunal T-476 de 2019. Este fallo estipulaba que la administración debía garantizar un suministro constante de agua potable a Leonel Alcides Hoyos Gómez y a su familia, quienes residen en la propiedad residencial Alminar Samoa. Sin embargo, este mandato no solo se dirige a esta familia, sino que debe extenderse a toda la comunidad que enfrenta problemas relacionados con el acceso al agua potable.
En octubre de 2019, el tribunal demandó que el Ayuntamiento, junto con la comunidad del barrio El Triunfo, presentara un plan definitivo que asegurara el acceso a servicios básicos de agua y alcantarillado. Este plan debía incluir un cronograma, un apoyo presupuestario adecuado, y la participación activa de los ciudadanos. Sin embargo, después de más de cinco años desde aquella fecha, las deficiencias en el servicio continúan siendo notorias y persistentes, dejando a la comunidad en una situación crítica.
Evidencia
A pesar de que IBAL, la empresa encargada del agua, ha firmado contratos y ha establecido un sistema de bombeo, la situación no ha mejorado. El Ministerio del Medio Ambiente ha enviado informes documentando la situación, pero la comunidad ha presentado evidencias contundentes, incluyendo testimonios y videos que muestran el desbordamiento de alcantarillado. Estas evidencias concluyentes indican que el suministro de agua sigue siendo inestable, y no se ha cumplido con el desarrollo adecuado del servicio. El tribunal determinó que dicha falta de cumplimiento era inaceptable, y que las autoridades competentes han fallado en sus responsabilidades.
Por su parte, la junta del municipio ha intentado desviar la responsabilidad, indicando que esta había sido delegada a varios secretarios desde el nombramiento 1000-0610 en 2024. Sin embargo, el juez Carlos Andrés Villada Arbeláez, ante la Oficina de Gerente de la Oficina, ha reafirmado que la responsabilidad última recae sobre la alcaldía, subrayando que la administración debe lidiar con esta situación de manera efectiva.
Las sanciones impuestas también contemplan que el documento sea enviado a un tribunal civil para consultar sobre la legalidad de la resolución. Además, la oficina de la alcaldía ha sido nuevamente instada a atender la protección del derecho al agua. El juez ha registrado la renuencia de la administración a responder a múltiples llamados de atención de los tribunales a lo largo de los años, lo que refleja una falta de compromiso hacia el bienestar de la comunidad.
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