El Consejo Electoral Nacional (CNE) ha decidido suspender la investigación que se llevaba a cabo contra el presidente Gustavo Petro, en relación con presuntas violaciones en la financiación de su campaña presidencial durante el año 2022. Esta determinación se tomó después de que el Tribunal Constitucional otorgara protección al Presidente, quien alegó que existía una posible violación a su jurisdicción constitucional. En consecuencia, el CNE ha decidido suspender el proceso contra Petro, aunque se aclara que aún hay una investigación abierta que afecta a su campaña electoral.
De acuerdo con la resolución emitida por el CNE, el proceso, conocido como PETRO, permanecerá congelado hasta que se resuelva el término asociado al archivo T-10 871.254. En este contexto, el Tribunal deberá determinar si tiene la competencia necesaria para examinar esta cuestión. Esta competencia ha sido objeto de controversia por parte del actual Presidente y su equipo legal, quienes sostienen que solamente el Comité de Acusación del Congreso debería ser el encargado de llevar a cabo este tipo de juicios.
Ricardo Roa y otros involucrados deben presentar sus acusaciones
A pesar de la suspensión de la investigación en contra de Petro, el proceso continúa para otros individuos implicados. El CNE ha notificado formalmente a Ricardo Roa, quien ocupa el cargo de presidente de Ecopetrol y también fue gerente de la campaña de Petro, así como a la tesorera Lucy Aydeé Mogollón, y los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus.
Todos los mencionados deberán presentar sus acusaciones sobre las aplicaciones pertinentes en un plazo de 15 días hábiles. Esto indica el inicio de la etapa final de la investigación administrativa en cuestión.
El documento de investigación también hace mención a partidos políticos que respaldaron a Gustavo Petro, tales como Colombia Humana y una coalición patriótica, sugiriendo así la existencia de presuntos financiamientos irregulares durante la campaña.
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¿Cuál es el riesgo para las personas involucradas? CNE suspende Petro: la investigación sigue abierta sobre su campaña
El proceso por la supuesta violación al sistema de financiación electoral podría resultar en sanciones administrativas severas. En el caso específico del Presidente, si la investigación se reanuda y se determina la validez de las acusaciones, la sanción podría consistir en una multa que podría alcanzar hasta el 10 % de los recursos públicos que recibió, o incluso la obligación de devolver dicho dinero.
Para los otros implicados, las repercusiones incluirían sanciones económicas que podrían afectarlos en su vida pública futura. Además, la actual fase del proceso, que involucra la presentación de acusaciones, sugiere que el tribunal está avanzando hacia una decisión final pronta.
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