Recientemente, el Consejo de Estado ha emitido una decisión en primera instancia que confirma la pérdida del cargo del representante de Izberie al Pacto Histórico, Mary Anne Perdomo. Este fenómeno, comúnmente denominado «muerte política», es el resultado de la confirmación de que varios congresistas han estado involucrados en el uso indebido de los recursos públicos a través de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), lo cual ha llevado a que el CNE declare la muerte política de Perdomo en relación con casos de corrupción.
La cámara responsable de esta decisión argumentó que Mary Anne Perdomo apoyó la contratación de Laura Fernanda Rueda Guerrero, quien supuestamente no desempeñó funciones reales dentro de la UTL. En una situación aún más alarmante, se descubrió que su madre, María Isabel Rued, que ya no tenía una relación laboral con el Congreso, era la persona que, en la sombra, realizaba las funciones necesarias, ingresando al Capitolio en más de 390 ocasiones durante un periodo de tan solo 8 meses.
El fallo del Consejo enfatiza que esta maniobra, realizada bajo el consentimiento de los congresistas, resultó en un perjuicio económico significativo al Tesoro, superando los 102 millones de dólares en salarios y beneficios pagados a una persona que, de hecho, no estaba cumpliendo con su obligación laboral.
¿Qué irregularidades encontró el Consejo de Estado? Anuncia que la muerte política de Mary Anne perdona la corrupción
La resolución, que abarca 45 páginas, indica que la asesora supuesta, Laura Rueda, actuó únicamente como un intermediario que canalizaba recursos hacia su madre. No hay pruebas que indiquen que Rueda haya desempeñado sus funciones en la UTL, mientras que las pruebas de acceso al Congreso y testimonios de diferentes fuentes corroboran que fue María Isabel Rued quien realmente se presentó en las oficinas para llevar a cabo las tareas correspondientes.
La Corte Suprema ha determinado que esta situación representa un uso excesivo de recursos públicos, un delito grave que está alineado con una inversión inapropiada según lo descrito en el artículo 183.4 de la Constitución. La decisión subraya no solo un acto de abuso, sino también la complicidad de los congresistas involucrados en la irregularidad. «Este acuerdo irregular no podía haberse llevado a cabo sin la complicidad de los mismos congresistas, quienes han perdonado esta conducta inapropiada», se afirma en el fallo.
Adicionalmente, la decisión recalca que los congresistas involucrados eran conscientes de la gravedad de la situación y de su participación en estas irregularidades. «Este comportamiento irregular no podría haberse producido solo con la participación de las mujeres de Rueda; los congresistas también han fallado en cumplir con su función de supervisión», se expresa en el documento.
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Reacción de Perdomo: habla de persecución política y atraerá
Tras la emisión del fallo, Mary Anne Perdomo emitió una declaración donde manifiesta su intención de apelar la decisión. La representante de Santander califica esta situación como una «persecución política» en su contra y sostiene que las acusaciones carecen de fundamento sólido.
«Confío en que en el proceso de apelación se esclarecerá la verdad. Estas acusaciones se basan en suposiciones y no en evidencias concretas», afirmó. Además, Perdomo expresó su deseo de presentar toda la documentación necesaria para demostrar su inocencia y reafirmó su compromiso de defender su nombre contra las acusaciones judiciales que enfrenta.
Aunque se trata de una decisión de primera instancia, esta sentencia la separa de inmediato de su cargo en la Cámara de Representantes, impidiéndole continuar en el servicio público mientras se resuelve su apelación.
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