Los comerciantes del emblemático Centro Comercial, situado en el corazón de San Victorino, han expresado su profunda preocupación por diversas situaciones críticas que ponen en riesgo la sostenibilidad de sus negocios. Entre estas preocupaciones destaca la recolección desmesurada del impuesto a la propiedad, resultado de una evaluación que consideran completamente desproporcionada e injusta.
Según los comerciantes afectados, una auditoría del metraje cuadrado designado por el distrito de Catastro ha llevado a una valoración que supera los 98 millones de pesos, lo cual es alarmante. Este costo coloca a pequeñas viviendas de apenas tres metros cuadrados en una categoría de activos valorados en más de 650 millones de pesos. En el caso de los espacios comerciales medianos y grandes, los números ascienden a más de 2.500 millones de pesos, generando así una carga fiscal que ha crecido de manera descontrolada desde el año 2022.
Retiros inflados que no reflejan la realidad
El ministro Sandoval, quien ha estado atento a las quejas de los comerciantes, ha cuestionado con firmeza el proceso de evaluación llevado a cabo por el distrito. Se ha asegurado de que las tiendas fiscales de Gran SAN están siendo tratadas de manera similar a como se evalúan centros comerciales de alto perfil como Unicentro o Andino, a pesar de que no comparten la misma infraestructura, ubicación ni condiciones urbanas.
«No tiene sentido hacer esa comparación. Gran SAN posee un tipo de comercio muy diferente, con tiendas pequeñas, pasillos angostos y condiciones operativas diversas. Evaluar una carga fiscal como si fuera un centro comercial más grande es, en esencia, castigar a los negocios populares que contribuyen con empleos y a la recaudación de impuestos formales», expresó el ministro.
Diferencia de mercado y competencia injusta
Una de las mayores preocupaciones de los comerciantes es la falta de consistencia en el sistema de evaluación. Según ellos, a tan solo unos metros de Gran SAN, existe una bodega que presenta condiciones similares en la que las auditorías de valuación son hasta un 60% más bajas. Para Sandoval, esta discrepancia evidencia fallos graves en el modelo de evaluación implementado en la región.
Además del impacto financiero que esta situación genera, también forma una competencia desleal. Mientras que los comerciantes formales enfrentan pagos exorbitantes por sus activos, otras industrias que operan al margen de la ley no están sujetas a las mismas tarifas. «La ley está siendo violada», condenó Sandoval.
Trabajos en riesgo
El Ministro alertó que si esta problemática no se soluciona, miles de empleos formales, que dependen de la actividad de SAN, podrían verse amenazados. Actualmente, el centro comercial genera más de 15,000 empleos, tanto directos como indirectos, y su eventual colapso tendría un impacto negativo considerable en la economía del municipio.
«El distrito no puede seguir ignorando este problema. El negocio formal es el motor que apoya una gran parte de la recaudación fiscal y la generación de empleo en Bogotá», concluyó el ministro.
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