El Ministro de Justicia ha reiterado, de manera clara y contundente, su llamado al Secretario General de Desarrollo Social IBagué, Leandro be, ante la creciente preocupación por la falta de acción efectiva para garantizar la atención adecuada a las víctimas de conflictos armados en el país. Esta situación es alarmante, dado que las víctimas requieren atención y apoyo constantes para su recuperación física y emocional tras haber sufrido las consecuencias de la violencia. Sin embargo, según la unidad de supervisión, desde finales del año 2024, la entrega de ayuda humanitaria inmediata ha sido prácticamente inexistente. La razón principal de esta falta de asistencia se atribuye a la ausencia de un contrato formal o un acuerdo vigente que permita la movilización de los recursos necesarios para ayudar a estas personas vulnerables.
Es fundamental entender que esta es ya la tercera advertencia que llega al Ayuntamiento en relación con estas cuestiones. Esta ignorancia ante las necesidades críticas de las víctimas no solo es irresponsable, sino que también podría considerarse como una violación de la Ley 1448, así como de su reforma en el año 2024. La citada ley tiene como objetivo proporcionar atención integral a quienes han sufrido por el conflicto armado, y cualquier incumplimiento de sus directrices pone en riesgo el bienestar de numerosos ciudadanos que dependen de este apoyo.
En respuesta a esta situación, los ministerios públicos han exigido de manera urgente la implementación de capital y medidas adecuadas que permitan cumplir con esta obligación legal y ética. Es crucial que el Gobierno actúe con rapidez para rectificar esta situación, asegurando que la ayuda llegue a quienes más la necesitan. La atención a las víctimas es un deber que no puede tomarse a la ligera; se trata de salvar vidas y facilitar el proceso de sanación de aquellos que han sido profundamente afectados por el conflicto.
Por lo tanto, el Ministro de Justicia está haciendo un llamado a la responsabilidad no solo del Secretario General de Desarrollo Social, sino también de todas las instancias involucradas en la atención a las víctimas. Es necesario un compromiso claro y decidido para atender esta problemática que ha ido en aumento en el transcurso de los años, especialmente en contextos post-conflicto, donde las heridas aún están frescas y la población requiere un apoyo sustancial para volver a la normalidad.
Asimismo, la colaboración interinstitucional es clave en este proceso, ya que la atención efectiva a las víctimas no puede depender únicamente de un solo organismo. Se necesita un esfuerzo coordinado que incluya al Estado, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil para garantizar que las víctimas del conflicto armado reciban la asistencia que merecen, tanto en términos legales como emocionales, y para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
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