En menos de 24 horas, el caso Agrd ha alterado de manera significativa el panorama político del país. La Corte Suprema ha ordenado investigar a figuras prominentes, específicamente a Iván y Andrés Calle, ambos ex presidentes del Congreso. Están siendo acusados de recibir sobornos de millonarios a cambio de su apoyo a diversas reformas gubernamentales. Simultáneamente, la oficina del fiscal también ha presentado cargos en contra de Maria Alejandra Benavides, quien fue asesora en el Ministerio de Finanzas. Este escándalo también ha puesto bajo escrutinio la corrupción dentro de la UNGRD, revelando que hay dos congresistas encarcelados y varios nombres clave todavía no mencionados.
El avance de la justicia es evidente, pero persisten interrogantes importantes que aún no tienen respuesta. Los testimonios de personas como Olmedo López y Sneleyder Pinilla, el ex director de la UNGD, han aportado información crucial y nombres que podrían implicar a otros en este entramado de corrupción. Sin embargo, la oficina del fiscal ha evadido tomar acciones contra algunos de los allegados más cercanos al Palacio Nariño, lo que ha generado múltiples repercusiones y preguntas en la sociedad.
¿Dónde está Ricardo Bonilla en el archivo?
Uno de los nombres más destacados en esta trama es el del ex ministro de finanzas, Ricardo Bonilla. Según la declaración de la ex funcionaria Benavides, Bonilla habría dado su autorización para transacciones que suman hasta $700,000 millones. Una porción considerable de esos fondos terminó en un contrato altamente cuestionado con Tanky para La Guajira, lo que subraya la gravedad de las acusaciones.
A pesar de estas declaraciones y revelaciones, la oficina del fiscal aún no ha convocado a Ricardo Bonilla para que brinde su versión de los hechos. Este silencio ha suscitado inquietudes tanto en la oposición como en analistas políticos quienes cuestionan la falta de acción por parte de la entidad investigadora, especialmente considerando que el dinero involucrado supuestamente se utilizó para garantizar apoyo legislativo en favor del gobierno.
Además, el ex jefe del servicio público, César Manrique, se encuentra bajo la lupa, pues según declaraciones de Sneyder Pinilla, se habría desviado recursos de la Agencia Nacional de la Tierra hacia la UNGD. Otro nombre que ha surgido es el de Carlos Ramón González, ex director de Dapre, quien presuntamente está implicado en pagos que alcanzan los $4,000 millones destinados a congresistas, lo que complicado aún más la situación.
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La situación actual, en la que se han revelado los nombres de Calle y algunos de sus asociados, es solo el principio de lo que podría ser una serie de nuevas acusaciones que se están elaborando en contra de figuras del denominado «Sanhedrin presidencial».
En este entorno convulso, Sandra Ortiz, otra acusada en el esquema de lavado de dinero, estaría involucrada en la entrega de $3,000 millones en una reunión llevada a cabo en el Hotel Tequendama. Además, se conoció que se otorgó una entrevista al magistrado Vladimir Fernández, aunque este hecho aún no ha sido revisado adecuadamente por los investigadores.
Otros nombres que podrían aparecer en este escándalo incluyen a Edgar Riveros y sus familiares Ana María y Sonia Rocío Riveros, así como a integrantes de la Fundación Yapurutú, por su supuesto papel en la adjudicación de contratos relacionados con la Agencia Nacional de la Tierra.
La oficina del fiscal dispone de pruebas que incluyen audios y testimonios, y la presión para actuar se ha intensificado. Este caso está tomando un giro hacia los individuos que, de alguna manera, facilitaron la malversación de los recursos públicos provenientes de los individuos influyentes en el gobierno.
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