El senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés del Partido del Centro Democrático Democrático comenzó una fuerte crítica al gobierno doméstico después de revelar datos inquietantes sobre el aumento de la violencia en el país en 2025. Como parte de sus redes sociales, Kongresmen Boyacense presentaron los datos que provenían de informes recientes sobre la organización de las unidas (Un) y las criaturas oficiales.
En números
Según Ramírez, más de 950,000 colombianos fueron víctimas de alguna forma de violencia durante el año, que es un número inquietante que cuestiona la efectividad de las políticas de seguridad implementadas por la administración actual. Además, condenó que los líderes políticos de la oposición experimentaron ataques y que en las últimas horas en Cali, Buenaventure y el Departamento de Kauca, se registraron al menos 16 ataques terroristas.
En su declaración, el senador cuestionó la gerencia del gobierno frente a la crisis del orden público, lo que indica que las respuestas aún son discursivas, mientras que la violencia está creciendo sin un freno. «Colombia necesita acciones específicas, no determinar los discursos», escribió, exigiendo un liderazgo sólido, cuya prioridad trata la vida y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Reclamos
Desde el banco, el Centro Democrático ha apoyado sus declaraciones y ha pedido al poder ejecutivo una respuesta inmediata a declaraciones ideológicas o confrontaciones verbales. Para el senador, la falta de estrategias claras deja a millones de ciudadanos en la gracia del crimen, especialmente en las regiones históricamente superadas por el conflicto.
La queja de Ramírez, aunque acusada de un tono político, refleja la atención justificada, que cruza varios sectores del país: el deterioro progresivo de la seguridad y la creciente desconfianza institucional. En un contexto en el que los hechos violentos se multiplican, y el estado parece reaccionar tarde o con cálido, la demanda de resultados tangibles gana urgencia que el gobierno aún no puede ignorar. Mientras tanto, los ciudadanos aún pagan los costos de la violencia, lo que no da una tregua.
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