Entre el 16 y el 24 de junio, quince familias indígenas de los habitantes de JIW escaparon del refugio Naxael, ubicado en la región de Bajo Guaviare. Su partida obligatoria ha tenido lugar amenazas directas de grupos armados ilegales que intentan controlar el «sendero de reproducción» estratégico. La transferencia llegó a San José del Guaviare y Puerto Concordia. Desplazamiento forzado de los habitantes nativos de JIW en Guaviare Activa International Un.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia condenó estos hechos. La agencia exigió que el estado fortalezca las medidas de protección para evitar nuevas tragedias. Además, pidió aumentar los recursos en los municipios anfitriones, como Mapiripán (Meta), que enfrenta más víctimas antes de sobrecargar.
El conflicto territorial se ve exacerbado por la ola de invierno, que empeora las condiciones de vida de las familias afectadas. Al mismo tiempo, la oficina del portavoz y la oficina del alcalde de Mapiripán Advance, verificación de tareas junto con el personal de la ONU.
La ONU pide acciones urgentes al gobierno colombiano; Desplazamiento forzado de JIW nativo en la alarma de Guaviara Activa Un
La ONU pidió al Gobierno Nacional que realice planes de emergencia más sólidos para resolver el problema del desplazamiento nativo en Guaviare. También pidió fortalecer las medidas preventivas para proteger a las comunidades nativas y campesinas en peligro de extinción.
Según la ONU, esta crisis es una amenaza directa para los derechos básicos de los pueblos indígenas. La organización recordó que los pasajes forzados violan tanto el derecho internacional humanitario como los tratados internacionales de derechos humanos.
En su declaración, la ONU también exigió que los grupos armados respeten a los civiles. «Sus acciones no pueden afectar a los habitantes del territorio», dijo el cuerpo de Ginebra.
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Desdidencias del FARC, por el terrorismo en el sendero de reproducción
En esta área sirven a los disidentes de FARC bajo el mando de AKA Iván Bite. La Fundación 44, conocida como «Antonio Ricaurte», apareció en confrontaciones del control de rutas clave para el tráfico de drogas y la minería ilegal.
Las autoridades han detectado alrededor de 10,000 cierres en las últimas semanas, además de aplicar un impacto armado. La brigada del 22º Ejército Nacional realiza actividades con presencia de soldados en las áreas de riesgo, pero las comunidades aún condenan la ausencia del estado en los territorios.
La ONU también recordó que en los años 2022–2024 se documentaron más de 650 casos de reclutamiento juvenil en el país. Hasta ahora, 118 casos verificados ya se han registrado desde 2025.
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