Este pasado sábado, un trágico suceso tuvo lugar en Ecuador cuando soldados del ejército ecuatoriano fueron asesinados durante una emboscada perpetrada por la agrupación conocida como «comandos fronterizos», compuesta por disidentes de las FARC. El ataque se desarrolló en la provincia de Susumbíos, un área cercana a la frontera con el colombiano departamento de Putumayo. Este incidente ocurrió mientras el ejército realizaba una operación enfocada en combatir la minería ilegal, que ha estado creciendo en la región.
Las Fuerzas Armadas de Ecuador confirmaron que las víctimas pertenecían al 19 de la jungla de Napo. Durante el ataque, los soldados fueron sorprendidos por una ráfaga de disparos provenientes de un rifle, lo que puso en peligro sus vidas mientras llevaban a cabo operaciones en las regiones del Amazonas, específicamente en las provincias de Napo y Orellana. Tras el violento enfrentamiento, los cuerpos de los soldados caídos fueron trasladados al centro forense de Lago Agrio, donde se llevarán a cabo los procedimientos necesarios para su identificación y posterior entrega a sus seres queridos.
En el transcurso de esta confrontación, las autoridades informaron que al menos un miembro de los disidentes también fue asesinado. Sin embargo, la identidad de este individuo no ha sido confirmada por los cuerpos de seguridad. Actualmente, el ejército ecuatoriano ha mantenido su presencia en la zona afectada y ha anunciado planes para reforzar las operaciones destinadas a contrarrestar la influencia de los grupos armados ilegales que cruzan la frontera desde Colombia.
Desde el año 2019, las autoridades en Ecuador han expresado su preocupación y condena frente a la expansión de las estructuras armadas colombianas que operan dentro de su territorio. Esto es especialmente crítico en áreas de difícil acceso, donde más de 1,500 hectáreas de la selva amazónica han sido devastadas a causa de actividades mineras ilegales. Esta situación ha resultado en un impacto alarmante tanto en el medio ambiente como en la seguridad de las comunidades que habitan en las regiones fronterizas.
En respuesta a estos acontecimientos perturbadores, el gobierno ecuatoriano ha convocado de manera urgente al Consejo de Seguridad Nacional, con el fin de abordar esta crisis de seguridad que pone en riesgo la estabilidad del país. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia también ha manifestado su disposición para colaborar en la investigación sobre estos violentos incidentes. A su vez, la comunidad internacional ha sido instada a intervenir debido al aumento de actos violentos que amenazan no solo la seguridad regional, sino también la estabilidad de ambas naciones implicadas.
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