La Oficina del Ministro de Justicia ha formalizado una solicitud de cargos contra Ocho personas que están presuntamente involucradas en delitos de corrupción en la Unidad Nacional para el Control de Desastres (Descontratación). Este grave desarrollo ha capturado la atención pública, dado que varios de los acusados tienen vínculos directos con figuras prominentes del gobierno actual. Entre los implicados se encuentra César Manrique Soacha, quien anteriormente se desempeñó como Director del Departamento de Servicio Público, además de ser un cercano colaborador de Gustavo Petro. La fiscalía tiene la intención de llevar a César Manrique y a otros siete acusados a un juicio por corrupción vinculado a la UNGRD.
De acuerdo con las investigaciones, estos individuos presuntamente estuvieron involucrados en una reducción irregular que asciende a aproximadamente $ 100,000 millones del contrato establecido entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Estos fondos están destinados directamente al Fondo Nacional de Gestión de Riesgos, lo que aumenta la gravedad de las acusaciones.
Las pruebas que respaldan estas acusaciones provienen de testimonios ofrecidos por Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes trabajaron en el ámbito de la justicia y decidieron cooperar tras ser cuestionados sobre sus actividades durante el inicio de las indagaciones.
Delito grave y solicitud de medidas de seguridad
Los acusados deben enfrentar cargos penitenciarios por delitos graves, incluyendo concierto para delinquir, irregularidades en presupuestos, falsificación de documentos tanto públicos como privados, lavado de activos y tasas de interés injustificadas en los contratos. Además, la fiscalía ha solicitado medidas cautelares dado que la libertad de los acusados podría interferir con el desarrollo de la investigación en curso.
A continuación se detallan los principales acusados:
- César Manrique Soacha: Está acusado de facilitar la operación de organizaciones criminales, alteraciones en presupuestos y la aplicación de tasas de interés inapropiadas en contratos estatales.
- Edgar Riveros Rey (abogado): Se le acusa de haber concertado para la comisión de crímenes, manejo indebido y falsificación de documentos.
- Sonia Rocío Romeo Hernández y Oscar Enrique Cárdenas Angulo: Son jóvenes contratistas enfrentando múltiples acusaciones criminales.
- Echeverri Toro y Francisco Etaupiñán Bravo: Están conectados a la corporación Yapurutu, que ha sido mencionada en la investigación debido a contratos irregulares.
- Jorge Aristizábal Rodríguez y Ana María Riveros Barbosa: Se les imputa el delito de lavado de activos.
A lo largo de 2023, ya se habían lanzado advertencias sobre las operaciones de corrupción en la UNGRD – Foto: Red social de UNGRD
Interesantemente, existe un creciente malestar asociado a este caso, ya que se vincula a entidades cercanas al alto gobierno y algunos nombres de mayor relevancia, como Iván y Calle Andrés, han sido mencionados. Estos ex presidentes del Parlamento han sido arrestados por alegaciones de soborno y corrupción.
Además, la oficina del fiscal continúa investigando a Carlos Ramón González, el ex director de Dapre, quien figuró como testigo en un caso de deudas por $ 4,000 millones, que involucra a varios parlamentarios. Este nuevo desarrollo podría afectar gravemente la imagen del gobierno y avivar la discusión sobre la magnitud del sistema de corrupción que afecta la gestión de riesgos en Colombia.
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