Recientemente, un controvertido proyecto de reforma constitucional ha sido presentado en Colombia, con la intención de permitir el transfugismo político. Este proyecto, que facilita a los congresistas cambiar de partido cada cuatro años sin enfrentar sanciones o la pérdida de sus puestos, ha comenzado a sufrir un desinflamiento en su apoyo en las últimas horas. El Proyecto de Transfugismo está perdiendo fuerza en el Congreso de Colombia.
El senador Alejandro Chacón, autor de la propuesta, reconoció que su iniciativa no fue concebida con la expectativa de ser aprobada: «Nunca pensamos que pasaría del quinto debate, siempre fue un desafío iniciar la discusión». Aunque el proyecto ha superado cinco de los ocho debates necesarios para su aprobación, se enfrenta a un panorama complicado debido al creciente rechazo que ha suscitado entre varios sectores políticos.
Los representantes de los partidos como el Partido Conservador, el Partido U, Cambio Radical y el Centro Democrático han hecho pública su postura en contra del proyecto, considerando que este debilitamiento del sistema de partidos y de la institucionalidad democrática es inaceptable.
El rechazo de los partidos políticos ralentiza la iniciativa; El Proyecto Transfuguismo pierde su fuerza en el Congreso de Colombia
La postura del Partido Conservador, dirigido por la senadora Nadia Blel, fue clara y contundente: «No fortalece el sistema del partido y resulta inapropiado en este momento, especialmente ante un calendario electoral que requiere estabilidad». Por su parte, el Partido U también dejó claro su rechazo: «No apoyaremos un proyecto que pueda afectar la unidad ideológica de nuestra comunidad política», así lo declaró en un comunicado oficial.
Otros congresistas como Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical y Angélica Lozano de la Alianza Verde han cuestionado abiertamente la propuesta, enfocándose en una cláusula que permitiría que el Consejo de Estado sancione la doble militancia, trasladando esta capacidad a los partidos políticos mismos.
Lozano ha calificado esta disposición como un «ataque a la justicia electoral». A su vez, Motoa ha alertado sobre los peligros inherentes a la creación de un marco que fomente la impunidad política, debilitando así el sistema de partidos y la capacidad sancionadora de la Corte Suprema.
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¿Un favor de un pacto histórico? Las alertas están encendidas
Los registros de los proyectos sugieren que esta reforma podría beneficiar al pacto histórico, otorgando a estos grupos la posibilidad de actuar con un estatus legal privilegiado y facilitando la reelección de varios de sus miembros. Sin embargo, Chacón ha rechazado categóricamente cualquier insinuación de que existe un «mico» escondido en la propuesta.
«Lo que busco es devolver la ley constitucional que se perdió en 2009. No hay clandestinidad ni beneficios ocultos en esto», afirmó. A pesar de sus palabras, las preocupaciones continúan latentes, especialmente porque el cambio propuesto al artículo 107 de la Constitución podría dejar a la justicia casi impotente ante los casos de doble militancia.
Incluso la senadora María Fernanda Cabal, quien inicialmente mostró apoyo al proyecto, decidió retirarse de la iniciativa tras un análisis más detallado. «No votaré a favor. Hay aspectos que amenazan la democracia», afirmó.
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