El Corte El Cauca administrativo ha realizado una visita para examinar el cumplimiento presentado por la Oficina del Fiscal General en contra de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), relacionado con los terrenos de Cuernavaca y Puerto Rico Real Estate, ubicados en la comuna de Patía. Esta solicitud tenía como objetivo fundamental recuperar la posesión material de estas tierras, que originalmente estaban destinadas a los niños del Comité de Integración del Macalifique Colombiano (CIMA). Este asunto toca un aspecto crítico de los derechos de propiedad y justicia social en el contexto de la distribución de tierras en Colombia.
En su resolución, el Tribunal ordenó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que llevara a cabo un procedimiento que se ajuste a la legalidad para determinar el estado actual de la posesión y utilización de la tierra en cuestión. Además, se ordenó a la Policía Nacional que asumiera el control territorial necesario, siempre y cuando dicha institución actuara de manera que garantizara el cumplimiento de la orden judicial emitida, asegurando así que los derechos de los verdaderos propietarios sean respetados.
Desde el año 2021, según la información proporcionada por la Oficina del Fiscal General, estas tierras habían sido ocupadas de manera irregular por miembros del Consejo Social de La Florida. A pesar de los esfuerzos por recuperar la posesión de estas tierras, los requerimientos legales no fueron satisfechos en tiempo, lo que permitió que los verdaderos beneficiarios perdieran su estatus de propietarios. Las implicaciones de esta situación han sido graves, ya que también ha llevado a que dejen de recibir los beneficios económicos y de gestión que se habían otorgado desde 2018, afectando su situación económica y social.
El valor aproximado de la propiedad en cuestión es de 1,358,119,600, cifra que ha sido detalladamente documentada en la corte. En este contexto, la entidad de control ha reafirmado que se tomarán medidas para asegurar que las decisiones judiciales actuales sobre administración de tierras y gestión de bienes inmuebles sean observadas de manera estricta. Esto se traduce en la rápida implementación de procesos que faciliten la asignación de estas tierras a campesinos que previamente habían sido identificados como beneficiarios legales, garantizando así que se respete la normativa y se promueva la justicia agraria.
Con este fallo, el tribunal no solo busca garantizar los derechos campesinos de la comunidad de Cauca, sino que también tiene como finalidad fortalecer el cumplimiento de las regulaciones que rigen la tenencia de tierras. La resolución del caso es un paso hacia la promoción de una gestión más responsable y eficiente por parte de las entidades competentes, contribuyendo al proceso de restitución y legalización de la propiedad rural en la región, donde la historia de despojo y conflictos agrarios ha sido recurrente.
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