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El vicepresidente de la Cámara de Representantes reprocha a Eln y las intimidaciones de FARC contra sus vidas, adicionales.

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El cambio radical del congresista indica el gobierno de Petro

Bogotá, DC – La segunda vicepresidente de la Cámara de Representantes, María Garrido Ropefiestas Cambio radical ha denunciado públicamente recibir Cuatro tarjetas peligrosas en relación a su vida. La congresista ha vinculado directamente esta intimidación con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Garrido ha declarado que las amenazas provienen de grupos disidentes de las FARC y Mazorca, los cuales, según afirma, han recibido «apoyo» de la actual administración. Esta situación ha generado un clima de inseguridad y preocupación no solo para ella, sino para muchos que se encuentran en la misma situación.

Disminución de la seguridad durante las amenazas

La representante criticó abiertamente a la Unidad de Protección Nacional (UNP), asegurando que han reducido su programa de seguridad a pesar de las numerosas amenazas que ha recibido. «Esto es todo Petro permitido en Colombia. Las amenazas han sido constantes y directas, y el presidente Gustavo Petro debe asumir su responsabilidad en esta situación», advirtió Garrido en una declaración que resonó en los medios nacionales.

Cronología de amenazas

  • 5 de abril de 2024: Primera amenaza recibida de Mazorca.
  • 25 de julio de 2024: Segunda amenaza proveniente de Mazorca.
  • 4 de noviembre: Amenaza de disidentes de FARC.
  • Último: Cuarta amenaza emitida por disidentes de FARC citando el «Consejo de Guerra».

Señales directas al gobierno

«Como consecuencia del trabajo que he realizado para hacer visible ante el país y el mundo la oscuridad del gobierno Gustavo Petro, he recibido la cuarta amenaza directa hacia mi vida y la de mi familia por parte de FARSA, específicamente del Frente Décimo Guadalupe Salcedo. Esta es la cuarta amenaza que proviene de los grupos que Petro ha fortalecido en Colombia», enfatizó Garrido en un tono alarmante.

La congresista también ha manifestado que ha hecho llegar su condena sobre estas amenazas a diversos organismos, incluyendo la oficina del fiscal, la Policía Nacional, la Presidencia de la República y Fastidia. Sin embargo, la respuesta que ha recibido ha sido mínima, limitándose a una notificación de reducción de su programa de seguridad, lo cual ha aumentado su angustia y sentimiento de vulnerabilidad.

Es importante destacar que el contexto de estas amenazas no solo afecta a Garrido, sino que pone de manifiesto el riesgo que enfrentan muchos políticos y líderes sociales en Colombia en la actualidad. La situación es sumamente crítica, lo que resalta la necesidad de un enfoque más robusto y efectivo en la protección de los derechos humanos, así como la seguridad de aquellos que defienden la democracia y la justicia en el país.

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