Este jueves 14 de agosto, el Consejo Nacional de Elecciones (CNE) se reunirá detrás de una puerta cerrada para definir si la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 continuará. Los comisionados Benjamin Ortiz (el Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) lideran la presentación, ya que afirman que hubo una violación de los gastos y el uso de sanciones. Un voto clave en CNE definirá el futuro del estudio contra la campaña presidencial de Gustavo Petro.
La Asamblea, que reunirá a nueve comisionados del condado en el MP, viene en medio de la atmósfera de tensión política. El documento no se dirige al Presidente, ya que el Tribunal Constitucional determinó que solo las acusaciones de la Cámara de Representantes pueden investigarlo. El debate se centrará en el alcance legal de los tiempos y la justificación de la evidencia presentada.
El debate sobre el tiempo de investigación
La ley estableció un máximo de tres años para que CNE investigue irregularidades en la campaña electoral. Para el tratado histórico de la industria, ese concepto ganó cuándo y no hay un margen legal para una decisión sustantiva. Afirman que el estudio nunca se ha pospuesto formalmente y que todos los intentos de continuar serían ilegales.
Por otro lado, Ortiz y Prada se aseguran de que el proceso haya tenido descansos institucionales que deben considerarse, lo que mantiene la CNE vigente. Su presentación incluiría estos argumentos, así como las resoluciones sobre la supuesta violación de los centros de financiación. Antes de que se elija la Cámara Parlamentaria, el edificio parlamentario debe resolver desafíos contra algunos comisionados del condado.
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Escenarios después de los votos
Si CNE aprueba la presentación de Ortiz y Prada, la defensa de la campaña podría ir a la Corte Suprema para tratar de detener todas las sanciones. No sería la primera vez: en el pasado, el Tribunal Constitucional limitó el alcance de las consultas de CNE en este caso.
Si el caso se presenta debido al cierre de los términos, la oposición podría acusar a la agencia de debilitar el monitoreo de la financiación electoral. Cualquiera sea la decisión, la votación marcará un ejemplo clave de cómo los plazos y las divisiones de CNE se interpretan en la alta política.
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