El panorama sanitario en Colombia ha llegado a un punto de ebullición. En un reciente Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro dio un fallo que sacudió los cimientos del sector: «Todas las EPS que están insolventes son insolventes, dentro o fuera, ya no tenemos opciones». Este comunicado surge como respuesta directa a la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de suspender el decreto que buscaba transferir seis millones de usuarios a la Nueva EPS, medida que el presidente calificó como una «estrategia de bloqueo».
Legalmente, el jefe de Estado tiene la autoridad legal para realizar estos acuerdos a través de la Autoridad Sanitaria. Sin embargo, los expertos advierten que el camino está lleno de riesgos sistémicos. Si bien el Consejo de Estado aclaró que las EPS pueden utilizar fondos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para saldar deudas de períodos anteriores, esta posibilidad no ha sido suficiente para frenar el deterioro financiero. Ana María Vesga, presidenta de Acemi, señala que las aseguradoras que han intervenido han acumulado un patrimonio negativo de 14.000 millones de dólares, una cifra que califica de «imposible de corregir» sin inversión externa, algo improbable en el actual clima de incertidumbre.
La gran pregunta que surge es por qué, dada la autoridad legal y la lógica financiera, el gobierno no ha entrado en una liquidación total. La respuesta está en las capacidades operativas del sistema. Actualmente no existen EPS sólidas y con la infraestructura necesaria para albergar a los más de 23 millones de afiliados de los partidos involucrados, como Sanitas, Famisanar o la propia Nueva EPS. El ejemplo de Saludcoop en 2016, cuya desaparición provocó el posterior colapso de sus sucesores, Cafesalud y Medimas, sirve como una advertencia histórica sobre los peligros de una liquidación masiva sin un receptor fuerte.
Ante este obstáculo, la estrategia de Petro es doble. Por un lado, ordenó al Ministerio de Hacienda tramitar el CONFIS para sanear las deudas de la Nueva EPS y evitar su propia quiebra. Por otro lado, anunció que el 20 de julio se volverá a presentar la reforma sanitaria junto con la reforma tributaria, apostando a que el nuevo congreso confirme su modelo de prevención regional.
Mientras continúa la batalla legal y política, la incertidumbre cae sobre el 43% de la población colombiana. La posibilidad de un acuerdo en cadena no es sólo un procedimiento administrativo; representa un desafío logístico sin precedentes que podría interrumpir tratamientos críticos y la entrega de medicamentos. El tiempo dirá si las palabras del presidente son una orden de ejecución definitiva o una herramienta de presión para impulsar su agenda legislativa.
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