Alcalde habría proporcionado contratos millonarios irregularmente.
Escribiendo
El alcalde de Castilla La Nueva, Lenito Castro, se encuentra actualmente bajo el escrutinio público debido a las preocupaciones que surgen en torno a la asignación de contratos de gran envergadura a una empresa específica: JM SAS Stocks and Transport. En el período correspondiente al año 2024 y parte de 2025, esta compañía habría logrado asegurar un total de 9 contratos que, en conjunto, suman más de $3,737 millones. Este sector de contratos ha generado inquietudes en la comunidad, especialmente por la participación de 7 personas clave. Este escenario ha levantado alarmas y vínculos con la potencial irregularidad en los procesos de contratación pública.
Recluta
El ejercicio de otorgar contratos no es, en sí mismo, ilegal; no obstante, el hecho de recurrir de manera repetida a un mismo proveedor puede ir en contra de los principios fundamentales de diversidad y transparencia promovidos para los licitadores, criterios que están descritos en la Ley de 1993. Esta situación genera preocupaciones acerca de la equidad en la competencia y la posibilidad de favoritismos en el proceso de contratación pública.
La representante legal de JM SAS Stocks and Transport, Milena Virguez Parrado, es una residente del municipio de Acacías. Según informes no oficiales, se sugiere que ella podría actuar como una presunta testaferro de Jorge Oswaldo Echeverry Ramírez, un exministro del gobierno de Mapiripán en 2023. Echeverry, cuyos registros fotográficos no se encuentran en el sistema SIGEP, parece evitar la exposición pública. No obstante, se señala que podría estar controlando la operación de los contratos a través de Milena, sugiriendo así una falta de transparencia en la gestión de estos recursos.
Dinero
Los contratos otorgados a esta empresa implican montos que van desde $35 millones hasta $2,572 millones, siendo este último destinado específicamente para la organización del Festival de Agricultores y la Cultura Llanera programado para mayo de 2025. La concentración de contratos en una única empresa, junto con el crecimiento significativo de su influencia en los procesos de contratación, alimenta sospechas sobre la existencia de prácticas diseñadas para eludir la competencia justa.
Ante la seriedad de estos eventos, un grupo de ciudadanos ha solicitado una investigación exhaustiva por parte de un comandante, la oficina del Ministro de Justicia y el fiscal competente, a fin de determinar si se han producido violaciones a las regulaciones contractuales, irregularidades en los procesos de adjudicación, o relaciones inadecuadas que no se han revelado entre los funcionarios públicos y los contratistas involucrados, lo que podría ascender a un delito como el cobro de una tasa de interés inapropiada.
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