El episodio oscuro de la historia reciente de nuestro país ha vuelto a acaparar la atención del Centro de debate público, esta vez con decisiones judiciales que marcan un paso significativo hacia la justicia. El lunes 6 de mayo a las 20:00, la Oficina del Fiscal General hizo un anuncio crucial respecto a una resolución de acusación que involucra a 14 ex miembros de la policía nacional. Estos individuos están señalados como partícipes en la desaparición forzada de 14 personas en eventos que tuvieron lugar entre marzo y septiembre de 1982. Este caso, conocido como «Collective 82», abarca operaciones que se llevaron a cabo en varias localidades, incluyendo Bogotá y Gachalá (Cundinamarca). Estas acciones son consideradas como algunas de las violaciones más graves de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad durante este oscuro período.
De acuerdo a la investigación realizada por el fiscal especializado en derechos humanos, conocida como Más (Muerte a los secuestradores), se presume que los actos de violencia se justificaron en un intento por rescatar a tres menores que habían sido secuestrados. Sin embargo, la estrategia utilizada por las fuerzas del orden fue alarmante, ya que incluyó arrestos arbitrarios que llevaron a la detención de niños durante varios días en estaciones de policía. Además, se registró la desaparición de siete estudiantes de universidades y otros ciudadanos inocentes. Más de cuatro décadas después de estos atroces crímenes, la mayoría de las víctimas aún siguen desaparecidas y el dolor y la angustia de sus familias persisten.
Deuda
El fiscal del caso ha declarado que hay evidencia abrumadora que amenaza las exclusiones en lo que se considera un crimen de lesa humanidad, el cual sigue sin ser resuelto, ya que el paradero de las víctimas permanece desconocido. Por ello, se ha ordenado que, además de enfrentar las acusaciones por el delito de desaparición forzada, los 14 ex funcionarios acusados tengan que responder desde su lugar de residencia mientras avanza el juicio. Esta medida busca garantizar que se cumpla la justicia.
Entre los acusados se encuentran figuras de alto rango, como el general de brigada Yanine Díaz, así como oficiales en situación de pensión, tales como Jorge Alipio Vanegas Torres, Ernesto Condia Garzón, Miguel Rodrigo Torrado Badillo, Jairo Otálora Durán y Luis Ángel Perdomo. La lista de acusados también incluye a suboficiales y agentes como José Alirio Velásquez Garzón, Jaime Helí Colmenares Botero, Josué Rafael Cobos Silva, y otros nombres relevantes en la estructura policial de la época.
Investigación reactivada por la Corte Suprema
Este proceso judicial permaneció en la sombra durante muchos años hasta que, el 22 de junio de 2011, la Corte Suprema lo reabrió a través de un exhaustivo proceso de revisión. Desde ese momento, la oficina del fiscal ha trabajado arduamente para reconstruir los hechos a partir de nuevos testimonios y documentación, revelando que los acusados formaron parte de diversos organismos encargados de la investigación, la policía judicial y las estadísticas penales (DPEC). Estas estructuras, que deberían haber garantizado justicia, se organizaban en connivencia con entidades criminales para ejecutar métodos ilegales que desafiaban todo principio de legalidad y justicia.
La detención preventiva de estos individuos se justifica, según el fiscal, no solo por la gravedad de los actos, sino también para «evitar las actividades criminales continuas». Se considera que es un delito de aplicación permanente, lo que refuerza la necesidad de medidas cautelares. Esta decisión ha sido recibida como un hito histórico por los familiares de las víctimas, quienes han estado demandando la verdad, justicia y garantías contra la repetición de tales atrocidades durante décadas. La lucha por la justicia continúa, y este caso marca un paso fundamental en la búsqueda de reconocimiento y reparación para todos aquellos que han sufrido debido a estos crímenes atroces.
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