La oficina del Ministro de Justicia ha iniciado un estudio disciplinario en contra del ex alcalde de Purificación, Andrés Barragán de Cristthian, así como de dos exsecretarios de Educación. Esto surge a raíz de presuntas irregularidades en la gestión del Programa de Evaluación Escolar (PAE), que han dejado a un total de 1.579 niños del municipio sin acceso a servicios de alimentación, fundamentales para su desarrollo y bienestar.
La revisión efectuada por el Secretario General de la República, a raíz de las quejas presentadas, ha revelado que el municipio no gestionó adecuadamente la cuantía de $ 406,149,165 correspondiente al Sistema de Participación General (SGP) que debían destinarse al PAE. La falta de correcta implementación y gestión de estos fondos ha impedido que los derechos fundamentales de los menores a recibir alimentación adecuada en la escuela se cumplan, afectando de forma grave su permanencia en las instituciones educativas públicas del municipio, así como su bienestar general.
Datos
De acuerdo con los resultados obtenidos, la provisión del servicio de alimentación fue suspendida desde septiembre de 2022. Esta interrupción se da en un entorno de conflicto entre la oficina del alcalde y el gobierno de Tolima, además de la falta de medidas preventivas que pudieran haber evitado esta interrupción. El hecho de que niños en situación vulnerable hayan sido despojados de este derecho no solo representa una violación grave a sus derechos, sino que también pone de manifiesto serias deficiencias en la gestión dentro de la administración municipal.
Además de Andrés Barragán, el Secretario de Justicia está realizando investigaciones sobre la exsecretaría de educación del municipio, Oscar Eduardo Tafur Villarreal, y Deisy Leticia Ospina Devia. Ambos exfuncionarios habrían fallado en implementar las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio de alimentación. La Autoridad de Vigilancia tiene la tarea de determinar si sus actos u omisiones pueden ser considerados como falta disciplinaria y si existió ignorancia sobre sus responsabilidades en cuanto a la planificación e implementación efectiva de los recursos públicos asignados.
Profundizar
Este estudio, en sus indagaciones, también buscará aclarar si se han infringido principios fundamentales de la acción pública, tales como la eficiencia, la responsabilidad y la coordinación efectiva entre diversas instituciones. Si se establece la falta de responsabilidad en estos aspectos, los ex funcionarios involucrados podrían enfrentar sanciones que van desde reprimendas hasta la posible inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El Programa de Evaluación Escolar (PAE) tiene como objetivo garantizar que los niños más vulnerables del sistema de educación pública reciban suplementos alimenticios esenciales. La suspensión de este programa representa un daño severo en términos de planificación y particularmente afecta las condiciones de estudio y la salud de los beneficiarios, lo cual es inaceptable para una sociedad que busca garantizar el bienestar de sus menores.
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