El presidente Gustavo Petro ha tomado la decisión de no renovar la suspensión de las armas para aquellos disidentes de FARC que son dirigidos por el conocido «Calarcá». Esta decisión se ha materializado desde el pasado 15 de abril, lo que implica un reinicio de las operaciones tanto militares como policiales en varias regiones del país. Así, se da fin a la era de no enfrentamientos con los disidentes al mando de «Calarcá».
Este grupo armado había estado incluido en los acuerdos del proceso de «paz total» que la administración de Petro busca promover, pero la reciente inacción y uso de la violencia por parte de estos disidentes ha llevado al gobierno a reconsiderar la posibilidad de una tregua. No obstante, a pesar de que la suspensión de armas ha llegado a su fin, la administración del presidente Petro mantiene canales abiertos para el diálogo, con la esperanza de continuar negociaciones constructivas.
Las disidencias pierden su estatus especial, pero los portavoces permanecen protegidos
Como resultado de esta decisión, los miembros del mecanismo de monitoreo y verificación han visto como sus garantías legales han sido eliminadas, lo que significa que las órdenes de arresto previamente suspendidas se activan nuevamente. Sin embargo, el gobierno ha decidido permitir que los portavoces reconocidos continúen con el proceso de negociación, según reportan varios medios especializados en el tema.
Durante un periodo de 72 horas, ambas partes han acordado retirarse mutuamente para garantizar la seguridad de los involucrados, tal como se establece en el protocolo que fue firmado anteriormente.
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La sala total sigue en pie, a pesar de los eventos violentos; Fin de dejar de disparar con disidentes «Calarcá»
El Alto Comisionado de Paz ha reiterado que las negociaciones políticas se mantienen en pie. Explicó que esta decisión fue tomada en respuesta a la necesidad de proteger a los civiles, quienes han sido afectados por los ataques y desplazamientos forzados atribuidos a este grupo armado. El gobierno considera que, a pesar del cierre de la etapa de tregua, la búsqueda de una paz duradera con estos insurgentes sigue siendo una prioridad.
A pesar de que esta fase de tregua ha finalizado, el proceso de paz con el grupo insurgente sigue adelante. La administración de Petro busca demostrar que no se tolerarán las violaciones a los acuerdos, y al mismo tiempo reafirma su compromiso con una solución negociada al conflicto en curso. Esta decisión representa un nuevo capítulo en la política de «paz total» del gobierno de Gustavo Petro. Aunque las hostilidades con los disidentes de «Calarcá» se reanudan, el Director Ejecutivo del gobierno insiste en que los canales de diálogo permanecen abiertos. La reactivación de las operaciones militares tiene como objetivo principal la protección de las comunidades más vulnerables y enviar un mensaje directo: no habrá concesiones para los grupos armados que continúen sus actividades durante las negociaciones.
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