ATLÁNTICO, Colombia – En un notable y contundente paso contra la corrupción en la región, las autoridades locales han logrado un avance significativo al capturar a 17 individuos que se encontraban relacionados con una red criminal. Esta red se dedicaba al robo y al marketing ilegal de tierras en la Facultad del Atlántico. La operación fue el resultado de un exhaustivo año de investigación, que no solo identificó a los miembros de esta organización delictiva, sino que también puso de relieve la implicación de varios funcionarios públicos clave en un esquema de usurpación de tierras que ha permitido la perpetración de delitos graves.
Entre los detenidos se encuentran tres registradores de instrumentos públicos, dos inspectores de policía, un notario público, así como un calificador de instrumentos públicos. Esto incluye también a un asesor legal del alcalde de Soldad, lo cual subraya la gravedad y el alcance de esta situación. Según el general de brigada, Yecid Peña, que es el comandante de la región de la Policía, estas 17 personas enfrentan acusaciones graves como crímenes concertados y falsedad en documentos públicos, lo que permitía la apropiación ilegal de tierras que pertenecían a la comunidad.
La red ilícita que operaba con engaños y con la complicidad de personajes influyentes en la administración pública se dedicaba a eludir los controles legales existentes. Esto se realizaba a través de la falsificación de documentos, otorgando derechos sobre terrenos que posteriormente eran vendidos de manera fraudulenta. Una de las propiedades involucradas era un terreno destinado a la construcción del Megacolegio, un proyecto educativo crucial para la región, que fue usurpado y vendido por un valor estimado de 50 millones cada uno, lo que evidenció la magnitud de los delitos que se estaban cometiendo.
Las autoridades han realizado un cálculo preliminar y estiman que el daño económico ocasionado por estas actividades ilegales supera los 22 mil millones de pesos. Esta situación ha afectado aproximadamente unos 277,000 metros cuadrados, lo que representa un impacto significativo sobre más de 1,800 familias que ahora se ven despojadas de sus derechos sobre la tierra. En respuesta a estas acciones delictivas, los representantes del gobierno local han afirmado que, a raíz de estas capturas, se están tomando medidas para recuperar la confianza de las empresas de construcción y fomentar de nuevo el desarrollo de proyectos urbanos en la zona. Esta acción no solo busca hacer justicia en este caso concreto, sino que también pretende restablecer la integridad en la administración pública y proteger los derechos de los ciudadanos.
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