El miércoles, una decisión impactante, aunque sin efecto inmediato, fue tomada por la alianza democrática. En un fallo de la Corte Suprema, se ordenó la investigación de los honorables Iván Nombre Vásquez y Andrés Calle Aguas, quienes ocupan los cargos de Presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, respectivamente. Ambos parlamentarios se encuentran relacionados con el escandaloso caso de Corrupción de Megacaso en la Unidad Nacional para el Control de Desastres (Descuento). En específico, son investigados por presuntos delitos de Pagos de soborno propios y presupuestos desechados, lo que ha llamado la atención de la opinión pública. La Corte Suprema ha solicitado que se profundice en las acciones de Iván y Calle en relación con este escándalo.
Con una votación mayoritaria, donde cuatro magistrados votaron a favor y dos en contra, el tribunal tomó medidas referidas a la seguridad interna de los diputados. Esta decisión estuvo fundamentada en testimonios clave y pruebas que, de acuerdo con los investigadores, demostrarían que El nombre y la calle recibieron un soborno que asciende a $ 3 mil millones y $ 1 mil millones, respectivamente, con el fin de facilitar decisiones legislativas que favorezcan al gobierno, lo cual ha generado una gran controversia en el ámbito político.
La ruta del dinero: maletas llenas y pruebas contundentes en el escándalo de Agrd
Todo este escándalo comenzó a develarse gracias a las confesiones de Pinilla de Sneyder, ex-subdirector administrativo de la UNGRD. Pinilla reveló que había entregado dinero en efectivo a los dos parlamentarios siguiendo instrucciones de Olmedo López, quien era el exdirector de la unidad. Según Pinilla, la entrega de dinero a Iván Nombre se habría concretado a través de Sandra Ortiz, una exconsejera presidencial, en una reunión que tuvo lugar en el Hotel Tequendama, ubicado en el centro de Bogotá. Se menciona que el dinero, que fue recibido en nombre de un diputado del Senado, Iván Leonidas Nombre Ramírez, generó múltiples preguntas sobre la legalidad y ética de estas transacciones.
En cuanto a Calle Andrés, Pinilla afirmó que el dinero le fue entregado en su residencia, proporcionando como respaldo boletos aéreos, chats, fotos de las maletas llenas de dinero y la ubicación exacta de la casa. Además, se descubrió que parte del dinero se utilizó para asegurar la elección de Vladimir Fernández como magistrado del Tribunal Constitucional, lo que añade una capa adicional de controversia y presión política a esta situación.
Consecuencias políticas: ¿Los parlamentarios perderán sus asientos en el Congreso?
Ambos parlamentarios pertenecen a partidos políticos tradicionales: Iván Nombre de la Alianza Verde y Andrés Calle del Liberal. Si el sistema judicial encuentra pruebas suficientes, podrían enfrentar perdidas significativas en inversiones y sus asientos en el Congreso podrían quedar vacíos, lo que recuerda el caso del exdiputado Ciro Ramírez, quien también se vio involucrado en un escándalo similar conocido como el de rompecabezas 2.0.
El tribunal ha recibido también declaraciones de exfuncionarios, como el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, el actual director de la UNGRD Carlos Carrillo, y el excomandante de la DNI Carlos Ramón González. Este proceso promete seguir avanzando y revelando más detalles de este complejo tema que está generando inquietud por la corrupción instalada en las instituciones del país.
Al mismo tiempo, la defensa de Calle argumenta su inocencia, calificando las acusaciones como «dañinas e innecesarias». Por otro lado, el testimonio del principal testigo, junto con los audios y demás pruebas presentadas, pone en entredicho la credibilidad del parlamento, lo cual es alarmante para muchos ciudadanos.
La nación observa atentamente el desarrollo de este escándalo. La justicia está trabajando enérgicamente contra la corrupción. Los nombres de Iván y Andrés Calle enfrentan acusaciones severas y preocupaciones sobre la integridad de sus acciones. Las evidencias en su contra son muy contundentes, y la ciudadanía demanda respuestas claras y sanciones ejemplares. Este fallo de la Corte Suprema podría convertirse en un ejemplo histórico en la lucha contra la corrupción en el país.
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