El Secretario de Justicia ha iniciado una exhaustiva investigación ante una queja que promete tener repercusiones significativas en la junta de Johana Aranda. Este análisis surge tras la formalización de un controvertido acuerdo firmado entre el IMDRI y Leidy Esperanza Galeano Ortiz, quien es la esposa del exalcalde Andrés Fabián Hurtado. Este caso representa una fuerte discordia en los círculos políticos de la región, donde las conexiones personales y profesionales a menudo juegan un papel crucial en la asignación de contratos públicos.
Escalada
El Acuerdo 087 de 2024 fue ratificado apenas 53 días después de una enmienda del gobierno, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia de los procesos de contratación. Este acuerdo reduce en más de $65 millones de peso la asignación de fondos para conectar a Galeano Ortiz como contratista en el ámbito del trabajo psicosocial. Sin embargo, el mismo acuerdo ha sido acusado de violar abiertamente la Ley 80 de 1993. Esta normativa prohíbe que un cónyuge de un funcionario público participe en contratos del municipio inmediatamente después de una suspensión del cargo del funcionario. Esta violación, de ser comprobada, podría acarrear consecuencias severas no solo para los involucrados, sino también para la estructura de la alcaldía misma.
La denuncia fue presentada formalmente por el abogado José Baruth Tafur Gutérrez, bajo el número de Dokus E-2015-180399. Actualmente, el caso ya ha sido llevado ante la Corte 101 del II Case Penal en Ibagueé, bajo la dirección de la comandante Alba Cristina Morales Lezano. Este tipo de evolución en el ámbito judicial destaca la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta firme y adecuada para salvaguardar la integridad de las instituciones.
En contraste?
Un documento emitido el 21 de abril de 2025 ha confirmado el avance de este proceso, lo que pone bajo el microscopio no solo al gerente de fútbol de IMDRI, Sebastián Perdomo Rondón, sino también a la alcaldesa Johana Aranda. Se alegó que ella facilitó activamente la contratación de la esposa de su antecesor. Este tipo de interacciones entre altos funcionarios y sus familiares genera desconfianza entre los ciudadanos y podría dar lugar a una mayor litigiosidad en el futuro.
Andrés Hurtado renunció a su cargo el 31 de diciembre de 2023. Menos de dos meses después, su esposa firmó un contrato con la oficina del alcalde de Ibagueé, lo que claramente contraviene el Artículo 8 de la Ley 80. Este hecho no solo pone de manifiesto serias irregularidades legales, sino que también cuestiona el estado de la moral política en la región y pone de relieve cómo el poder en la ciudad podría estar en manos de unos pocos. La situación revela una trama de favoritismo que podría estar perjudicando a los ciudadanos en términos de transparencia y ética gubernamental.
Demanda
La queja presentada exige la anulación del contrato en cuestión, así como medidas disciplinarias y reformas que eviten la repetición de este tipo de conductas que mezclan el tráfico de influencias con intereses familiares en iBaBué. A pesar de que la oficina del Ministro de Justicia está analizando el asunto, la presión política y social está en aumento, demandando que se responsabilice a los que estén detrás de este escándalo. De prosperar la investigación, las repercusiones podrían extenderse hasta las más altas esferas del gobierno local.
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