El clima de tensión política en el municipio de Cuítiva, Boyacá, se deterioró significativamente el 7 de mayo, cuando el Personero, Fabio Guillermo Araque Álvarez, realizó una condena pública contra el criminal Nestor Emio Cepeda Tenza, al que le imputó presuntos actos de violencia contra un servidor público. De acuerdo con la denuncia presentada en la estación de policía local, Cepeda Tenza había atacado verbalmente a Personeo, lo cual generó gran indignación, especialmente tras su participación en un caso judicial que busca la restitución de las inversiones del ciudadano José Antonio Cepeda Tenza.
El Personero, Araque Álvarez, mencionó que al promover dicha demanda contra el mayordomo, no solo estuvo actuando en cumplimiento de su deber como garante de la legitimidad pública, sino que también se expuso a posibles represalias por parte de la familia Cepeda Tenza. Según el relato proporcionado por Araque Álvarez, se vio rodeado de comentarios despectivos y amenazas que indicaban que «por el hecho de haber presentado una demanda contra el hermano, había intención de vengarse de mí, de mi integridad y de mis bienes». Este tipo de comentarios resalta una preocupante falta de respeto hacia las funciones que desempeñan los servidores públicos y el clima de hostilidad en el que deben operar.
Este incidente no solo enfatiza las crecientes tensiones entre los diversos actores políticos en Cuítiva, sino que también expone un problema más profundo en el sistema político local, donde las diferencias ideológicas han comenzado a desdibujar los límites del debate democrático. Las disputas políticas que deberían ser ventiladas en un entorno de respeto y diálogo, han derivado en amenazas directas contra los funcionarios que solo buscan cumplir con su deber. La denuncia interpuesta por Araque Álvarez cuestiona no solo las prácticas políticas de la región, sino que también señala una alarmante falta de respeto hacia los derechos de los funcionarios públicos, quienes deben tener la garantía de contar con la protección legal necesaria para desempeñar su labor sin temor a represalias.
Es vital que se restablezca un tono de civilidad y respeto en la política de Cuítiva, donde todos los actores deben comprender que la violencia verbal, física o de cualquier otra índole no tiene cabida en una democracia sana. La situación actual pone en riesgo no solo la integridad de los funcionarios, sino también el bienestar general de la comunidad, que depende de una administración pública eficiente y libre de obstáculos malignos. Los casos como el de Personeo deben servir como una llamada de atención para todos los involucrados en la política local y un recordatorio de que el diálogo y la civilidad son fundamentales para el progreso y el desarrollo colectivo.
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