La Oficina del Ministro de Justicia ha decidido recibir un caso penal que involucra al Ministro del Interior, Armando Benedetti, así como a la jefa del Departamento Administrativo de la Oficina Presidencial (DAPRE), Angie Rodríguez, debido a presuntas violaciones legales significativas. La denuncia fue formulada por la abogada Estefania Orozco Torres, quien solicitó a la unidad correspondiente que activara una investigación de carácter urgente, dada la seriedad de los hechos que se mencionan en la queja.
La fundamentación de esta queja radica en declaraciones recientes de la ministra de justicia saliente, Angela María Buitrago. Ella afirmó haber experimentado presiones que no se basaban en criterios técnicos ni de gestión, sino que obedecían a intereses personales o políticos de quienes ocupan posiciones de poder. Buitrago presentó su renuncia irrevocable el 12 de abril, la cual tendrá vigencia a partir del 1 de junio, lo que indica un futuro cambio significativo en el gabinete.
En el contenido de la queja, Buitrago señala a Benedetti y Rodríguez como los principales responsables de esta presión inadecuada. Ellos serían los que intentaron influir en decisiones vinculadas a los servicios penitenciarios y a la situación de Ludwig Valero, el director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), así como en la transferencia de prisiones. Estos actos, si se comprueban, podrían ser considerados delitos según el Código Penal Colombiano, específicamente en el Artículo 411, que sanciona a funcionarios que utilizan inapropiadamente su posición para obtener beneficios ilegítimos para ellos o para terceros.
La abogada Orozco, quien representa a la denunciante, ha solicitado la recolección urgente de pruebas, que incluye declaraciones testimoniales de Buitrago, así como también registros de llamadas telefónicas y mensajes que fueron enviados y recibidos por los funcionarios implicados en el año 2025. Se espera que Rodríguez también sea interrogada sobre la existencia y el contenido de un supuesto grupo de chat del gabinete presidencial, donde se habrían emitido instrucciones o comentarios relacionados con el caso que se investiga.
Es importante destacar que Armando Benedetti se encuentra en una situación complicada, ya que actualmente enfrenta una sentencia de la Corte Suprema por otros asuntos. Según la abogada Orozco, esto evidencia un patrón de conducta repetida que puede poner en entredicho su integridad como funcionario público.
Finalmente, hay que considerar la relevancia de las declaraciones de Buitrago, quien ha sido reconocida en el ámbito jurídico como un «fiscal de hierro», gracias a su carrera y experiencia en el sistema de justicia colombiano. Esto, según el demandante, otorga un nivel adicional de credibilidad a sus acusaciones y resalta la gravedad del contexto en que se producen.
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