La gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, ha sido sancionada con una pena que comprende la privación de libertad por dos días y el pago correspondiente a dos salarios mínimos legales vigentes. Esta decisión se enmarca en un caso donde se interrumpió una custodia emitida por la justicia penal municipal en relación con la responsabilidad y conocimiento del municipio de Chaparral. Tal determinación judicial torna como resultado de una demanda presentada por Diana Milena Muñoz Orjuela, quien ha manifestado sus preocupaciones respecto al Instituto Educativo La Rizalda. Esta institución había solicitado un transporte que facilitara el acceso urbano en Chaparral, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de su familia.
Trasladarse
En un pronunciamiento original publicado el pasado 20 de marzo, se dictó una orden para la transferencia del maestro correspondiente, con el objetivo primordial de facilitar la atención médica urgente de su hija menor, que padece de enfermedades crónicas. Además, esta acción buscaba asegurar el acceso adecuado a la educación para su hija mayor. En contraposición a esto, el gobierno de Tolima optó por trasladar al maestro a la sede del IE Simón Bolívar, ubicada en la Marina Corregimiento, posicionándolo en áreas rurales que presentan condiciones igualmente deficientes.
El juez Álvaro Hernán Piedrahi Grajales expresó que la decisión tomada por el gobierno no se alineaba con las disposiciones emitidas por la Corte. Resaltó que la nueva sede tampoco ofrecía las garantías necesarias para acceder de manera oportuna tanto a atención médica como a educación. En este sentido, es preciso señalar que el Centro Médico más cercano al Hospital San Juan Bautista, el cual se encuentra en el área urbana de Chaparral, es casi inaccesible desde la Marina durante una emergencia.
Declaración
Gerroán Huartos, un abogado que forma parte del equipo legal de Sutet Simatol, recibió la decisión judicial con complacencia y afirmó que esta resolución se deriva de una serie de situaciones similares que han sido abordadas en el marco legal. «Nuestro bufete de abogados continúa apoyando a los asociados en sus reclamos. Este fallo sirve como una advertencia significativa para la junta», declaró Huartos.
Retomando la perspectiva sobre las sanciones, el abogado también criticó un caso relacionado donde el Ministro de Educación de Tolima, Andrés Felipe Bedoya Cárdenas, enfrentó un arresto de cinco días debido a su falta de cumplimiento con las directrices destinadas a protege a los maestros en estado de embarazo, quienes no debieron enfrentarse a situaciones irregulares.
Credibilidad
El fallo emitido no solo se limita a la sanción impuesta, sino que también implica la obligación de remitir una copia a la oficina del Ministro de Justicia. Todo esto será revisado en el contexto de casos penales del Circuito Chaparral, con la intención de garantizar que las decisiones se ejecuten de manera efectiva. El juez reiteró la necesidad de cumplir con dicha sentencia de protección sin demoras, advirtiendo enfáticamente: «En lo que respecta a los derechos fundamentales, es crucial que la sanción sea contundente para que no se repita esta situación en el futuro».
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