El Consejo de Estado ha emitido un fallo trascendental que altera significativamente el modo en que el gobierno colombiano puede comunicarse con sus ciudadanos. Esta decisión judicial, que afecta directamente la estrategia de comunicación del presidente Gustavo Petro, ordena que este cese el envío de sus ministros a estaciones de televisión privadas, regionales, locales y comunitarias. Como resultado de esta resolución, Gustavo Petro enfrenta el desafío de un gobierno con la limitación de que sus ministros no pueden participar en canales privados para la difusión de sus mensajes.
Este fallo se origina de una queja presentada por el ciudadano Maria Cristina Cuéll, quien argumentó que la concentración de un espacio informativo esencial, transmitido entre las 19:00 y las 22:30 horas, ha limitado gravemente el acceso a una oferta educativa diversa. Las alegaciones sostienen que el enfoque unidimensional de la programación, centrado principalmente en la perspectiva del gobierno, infringe el derecho constitucional de todos los colombianos a recibir información variada y plural.
«El acceso a la información no puede restringirse a un informe gubernamental», enfatizó el tribunal en su decisión.
La televisión debe ofrecer diversidad, sin propaganda
En la resolución, la Comisión, bajo la dirección del magistrado Alberto Montaña, resalta que es imperativo que los ciudadanos tengan la libertad de elegir el tipo de contenido que desean consumir. Asimismo, se advierte que dejar de ver la televisión no debe ser la única opción disponible para la población ante la situación actual. El Consejo de Estado subraya la importancia de ofrecer una programación que no solo informe, sino que también enriquezca la vida cultural y educativa de los televidentes.
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Adicionalmente, el tribunal reitera que en una democracia, la información que se ofrece a la sociedad debe ser imparcial, veraz y variada. Consideran que limitar la programación exclusivamente a los debates sobre las decisiones del gobierno, como ha ocurrido en muchas ocasiones, es perjudicial. Por lo tanto, el fallo estipula que los envíos adicionales solo podrán continuar a través de canales públicos nacionales y vías institucionales que garanticen la diversidad y pluralidad de información.
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Tras el fallo, Gustavo Petro recurrió a sus redes sociales, específicamente a su cuenta en X (anteriormente conocida como Twitter), para expresar su descontento. «Los problemas generales son públicos. La democracia es un debate público, no lo censuran», escribió, subrayando su opinión sobre la necesidad de mantener el debate abierto y a la vista de los ciudadanos.
Por su parte, Armando Benedetti, el ministro del interior, ha manifestado su intención de impugnar la decisión alegando que esta contradice la ley 182 de 1995, que regula el servicio de televisión en Colombia. Benedetti calificó el fallo como excesivo, argumentando que «es injusto que, por una decisión que afecta a unos pocos, millones de ciudadanos queden excluidos del acceso a información crucial sobre las decisiones tomadas en la Comisión».
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