Este jueves 1 de mayo, la consulta popular que ha impulsado el gobierno del presidente Gustavo Petro fue oficialmente presentada al Parlamento de la República. Este es un paso crucial en el contexto político actual, dado que la consulta busca recoger la opinión pública sobre determinados asuntos que el gobierno considera fundamentales. La presentación se realizó en el marco del Código de Ética, establecido en la Constitución del Capitolio Nacional, donde se plantea que el Senado tenga la responsabilidad de decidir si es apropiado convocar a los ciudadanos a participar en encuestas de opinión. A través de estas encuestas, se pretende aprobar un total de 12 preguntas relacionadas con las reformas propuestas por el gobierno.
Es importante resaltar que estas reformas han sido rechazadas previamente por la Séptima Comisión del Senado, lo que añade una capa de complejidad a la situación. De hecho, el parlamento no tiene la facultad de realizar modificaciones en las preguntas formuladas por el gobierno, sino que su única función es decidir si se debe o no convocar a los ciudadanos a las encuestas. Esto significa que los senadores estarán ante una decisión crítica en un plazo de 30 días para determinar el destino de la consulta. Este plazo puede extenderse a otros 10 días más, según lo estipulado por la ley.
Si el Senado emite un concepto negativo sobre la consulta, esta no podrá llevarse a cabo. Sin embargo, si no se pronuncian dentro del período establecido, el presidente Gustavo Petro podría convocar la consulta de manera unilateral, lo que podría generar controversia. Para que esta consulta sea aprobada, es necesario que al menos la mitad de los senadores la respalden, lo que implica que se requiere una mayoría simple en el parlamento.
Al concluir su exposición sobre el tema, el ministro Antonio Sanguino, quien ha estado en la rueda de prensa, expresó su esperanza de que no se obstaculice el proceso. Sanguino enfatizó la importancia de que los ciudadanos puedan expresar su opinión sobre temas de relevancia actual, afirmando que son cuestiones que afectan a los colombianos y su entorno laboral. Tal afirmación deja en claro la urgencia que tienen estas reformas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en Colombia.
A pesar de que las preguntas fueron inicialmente planteadas por el entonces Ministro del Interior, Armando Benedetti, y el Ministro Antonio Sanguino, se han realizado algunas modificaciones. Estas modificaciones han sido dirigidas a aclarar y especificar mejor el contenido de las preguntas. Por ejemplo, en la primera pregunta, se ha decidido sustituir el término «diariamente» para que quede claro que se refiere a horarios específicos, es decir, programas que funcionen de 6 de la mañana a 6 de la tarde, conforme lo propuso el gobierno.
Asimismo, otro cambio significativo se observa en la séptima pregunta. Ahora se establece que el personal de transporte digital, como Uber, Didi o Cabify, debe tener la libertad de acordar tipos de contratos con las empresas y, además, recibir la respectiva responsabilidad del Seguro Social. Este tipo de regulación es un gran avance en la protección de los derechos laborales de quienes trabajan en la economía digital.
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