El Tribunal Supremo de Colombia ha dado luz verde a la extradición de Gabriela Yepes Mejía, conocido mayormente por el apodo «HH». Este individuo es reconocido como un comandante de un grupo armado que opera en la comunidad del sur e involucra en actividades delictivas, siendo requerido por el Tribunal Federal de Texas debido a serias acusaciones de tráfico de drogas. La decisión de la Corte Suprema marca un hito significativo, ya que avala el proceso de extradición relacionado con actividades de narcotráfico que han azotado diversas regiones de Colombia.
Gabriela Yeges Mejía, quien también es conocida bajo los nombres «Gustavo», «Alberto» y «Emmanuel», ha sustentado su postura en contra del Eln, un grupo guerrillero activo en la región de Nariño en Colombia. Según documentos provenientes de los Estados Unidos, la organización delictiva de Yeges Mejía tiene vínculos con cárteles de drogas mexicanos y coordina el envío de miles de kilogramos de cocaína desde Colombia hacia América Central y América del Norte, lo que ha alimentado un ciclo de violencia y corrupción en la región.
El Tribunal ha determinado que no existen obstáculos legales que impidan la extradición en este caso, a pesar de que el alias «HH» está actualmente involucrado en los Diálogos de paz con el gobierno. Este contexto añade una complejidad importante a la situación, ya que sus actividades criminales han sido paralelas a sus esfuerzos por establecer diálogos de paz.
El apodo «HH» y el peso de su extradición en el proceso de paz
La decisión del tribunal genera un impacto en la alta influencia política del país. Yeges Mejía es considerado un actor central en uno de los procesos de paz más avanzados abanderados por el presidente Gustavo Petro. Su grupo, conocido como Miembros de la comunidad del sur, ha demostrado voluntad de paz al entregar 585 artefactos explosivos y formalizar acuerdos de desarme en un evento reciente.
Este contingente, que opera con cerca de 100 hombres, se financia a través de actividades ilícitas como la minería ilegal, extorsión y, por supuesto, tráfico de drogas. A partir de noviembre de 2024, el gobierno colombiano decidió suspender las órdenes de captura en su contra para facilitar un proceso que favorezca la paz. Sin embargo, el tribunal aclaró que esta condición no impide el avance de la extradición. Ahora, la decisión final sobre la entrega de Yeges Mejía a las autoridades estadounidenses recae en el presidente Gustavo Petro, quien tiene la potestad de firmar o rechazar esta acción.
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El gobernador de Nariño le pide que evalúe el impacto de la extradición
En medio de este escenario, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, ha expresado su preocupación respecto a que la extradición podría obstaculizar el proceso de paz. En sus propias palabras, «La habitación siempre tropezará, pero este es el único proceso con resultados tangibles», resaltando la importancia de la paz para la región.
El gobernador Escobar subrayó la notable reducción de asesinatos y reasentamientos en la región desde que comenzaron los diálogos con los integrantes de la comunidad del sur. Hizo un llamado al presidente Petro para que evalúe la decisión a la luz de las realidades vividas en el terreno.
Para finalizar, Escobar resumió su postura, afirmando que «Este grupo dejó el arma. Debemos cerrar este capítulo de violencia con una decisión honesta y reflexiva. La paz en Nariño depende de esto» enfatizando la necesidad de encontrar un equilibrio entre la justicia y la paz en un contexto tan complejo.
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