Recientemente, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha tomado la decisión de detener temporalmente la expulsión de varios ciudadanos venezolanos que se encontraban bajo custodia en Texas. Esta situación ha llevado a la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) a anunciar una apelación urgente en defensa de los derechos de estos migrantes. Esta intervención legal se produce en el contexto de las tensiones actuales sobre la inmigración, y la legislación de 1798 que permite al gobierno expulsar a los ciudadanos de países considerados enemigos legales.
La conocida como «ley enemiga extranjera» ha sido utilizada en el pasado para facilitar la expulsión de individuos, especialmente bajo la administración de Trump, quien la aplicó contra presuntos miembros del llamado tren Aragua. A pesar de que el tribunal no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de esta ley, su decisión de frenar el proceso de expulsión hasta que se determine la legalidad por parte de otro tribunal es un paso significativo en la defensa de los derechos de estos migrantes.
La situación de los migrantes, que actualmente se encuentran en el Centro Bluebonnet, cerca de Abilene, Texas, ha suscitado una gran cantidad de críticas. Muchos argumentan que la ley hipoteca el poder federal y coloca a miles de individuos en una situación precaria, enfrentando la posibilidad de una expulsión inmediata a países donde su seguridad podría estar en riesgo.
ACLU condena el abuso de poder
La ACLU ha puesto de manifiesto que los trabajadores migrantes fueron sometidos a procedimientos que no respetaron sus derechos. Según informaron, muchos migrantes recibieron documentos en inglés, sin ninguna traducción, lo que dificultó su comprensión de los derechos que les asistían, incluida la posibilidad de apelar su situación. Las autoridades, sin previo aviso, los llevaron en autobuses hacia el aeropuerto, poniendo en peligro su bienestar y futuro.
El grupo defensor ha advertido sobre las terribles consecuencias que enfrentarían algunos migrantes, como la posibilidad de ser condenados a cadena perpetua si regresan a El Salvador. Esta urgencia empeora ante la colaboración de Trump con el gobierno de Bukele en El Salvador, que incluye el uso de la prisión de máxima seguridad de Cecot para recluir a algunos migrantes.
Los jueces federales anteriormente habían afirmado que los trabajadores migrantes tienen el derecho a ser notificados con anticipación y a que se respete el hábeas corpus antes de ser sometidos a expulsiones. La ACLU ha advertido que la nueva política de inmigración está aumentando el riesgo de violaciones a los derechos humanos, lo que conlleva a arrestos arbitrarios, separación de familias, y la falta de acceso a la asistencia legal. El grupo insta a que se detengan estas prácticas antes de que se conviertan en un estándar aceptado.
Puede que esté interesado: USA establece una fecha límite para un alto el fuego con Ucrania
Política de inmigración de Trump; La Corte Suprema de los Estados Unidos detiene temporalmente las expulsiones de Venezuela
Por otro lado, un tribunal ha intervenido en el proceso de eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350,000 venezolanos, lo que significa que aquellos que ya estaban en Estados Unidos podrían evitar la expulsión inmediata. Durante su presidencia, Trump convirtió la migración en un tema de campaña, y ha acusado a Venezuela de ser responsable de una crisis migratoria. Algunos migrantes ya han sido remitidos a la prisión de Cecot, a pesar de que sus abogados argumentan que no tienen conexión con las actividades del tren Aragua.
Es importante resaltar que la ley que empleó Trump en este contexto ha sido utilizada únicamente en tres ocasiones a lo largo de la historia: en 1812 y durante períodos de la Segunda Guerra Mundial. El futuro de estos migrantes, así como sus derechos, ahora descansa en las decisiones que tomen los tribunales. A medida que Trump intensifica su retórica anti-inmigrante, organizaciones como la ACLU continúan exigiendo que se respeten los derechos fundamentales de todas las personas. La campaña presidencial en curso y el creciente miedo al crimen también añaden un grado de complejidad a esta situación, convirtiéndola en un tema constante en la agenda política del país.
1
