En una curva que se ha convertido en el debate político en Cartagena, el pacto histórico se convirtió en severos contratiempos el 2 de septiembre: la guardia de la guardia que Liana Muñoz, activista y líder de los movimientos en cuestión, logró paralizar los trabajos de rehabilitación temporal en ocho escuelas públicas de la ciudad. Estas obras, presentadas por el gobierno del distrito, disfrutaron de más de 7,000 estudiantes en instituciones como Jorge Artel, Santa María y Maria Reina.
La suspensión tuvo lugar unos días después de que el trabajo tenía la intención de mejorar la infraestructura de deterioro. Para la comunidad educativa, integrada por maestros, rectores, estudiantes y padres, era una preocupación, ya que estaba en riesgo del comienzo del ciclo escolar en condiciones decentes.
La respuesta fue de inmediato: los empleados del sector educativo describieron su rechazo de protección con la demostración, ya que dudan de su comodidad e influencia política.
El alcalde Dumek Turbay respondió con una declaración abrumadora y acusó a Muñoz de tener el instrumento en las elecciones. Turlay, a quien Muñoz se refirió, era un contratista del distrito y sugirió que la acción judicial se debió a la frustración por la relación de reclutamiento, así como utilizar la situación para ganar visibilidad.
Sin embargo, el Tribunal Municipal de Cartagena negó el guardia, basado en un sólido informe técnico presentado por el Ministerio de Educación. Este informe mostró cómo el distrito había organizado un plan de contingencia: transporte temporal de estudiantes, acceso continuo al Programa de Alimentos de la Escuela (PAE), días mixtos o virtuales y trabajo escalonado para evitar los trastornos educativos.
Cuando se plantea el caso judicial, el alcalde Turbay dio la bienvenida a la decisión judicial y declaró que ahora la ciudad podría continuar entregando escuelas mejoradas en el momento estimado, mientras que estaba protegido que «los derechos de los niños están sobre la política».
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